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Abril 30, 2004

Último capítulo del revocatorio


Resumen:

  • La oposición acepta enfrentar el nuevo escenario en el camino empedrado del referendo revocatorio.

  • El progresivo deterioro del régimen y su manifiesta voluntad de no someterse a una aparente democracia.

  • Ante la legítima decisión del TSJ sobre la procedencia del revocatorio, el régimen optó por desconocerla.

  • La OEA y el Centro Carter presionaron a la Coordinadora Democrática.

  • Los desafueros del CNE y de la Sala Constitucional son el cruce de la raya amarilla.

  • El asalto al Tribunal Supremo de Justicia.

  • Ha muerto la independencia del poder judicial y del estado de derecho. Es el fin de la democracia.

  • Chávez intenta mantener el control total del poder.

  • Venezuela ante el desafío de una gesta heroica, casi imposible,  para salir de Chávez por vías pacíficas.

  • Entre Castro y Chávez hay algo más que una sólida alianza.

  • El petróleo venezolano ha sido el salvavidas de la revolución cubana.

  • Chávez tiene a su servicio la estructura de poder construida por Castro y su asesoramiento día a día.

  • La campaña electoral norteamericana contribuye a desnudar a Chávez frente a la comunidad internacional.

  • “El gobierno de Chávez debe ser tratado como un régimen hostil e inamistoso”

  • Preocupantes los nexos entre Chávez y Castro.

  • Cuestionada la posición de Chávez frente al terrorismo internacional. La cooperación venezolana en la campaña contra el terrorismo fue inconsistente.

  • Chávez intenta intrigar con el nuevo gobierno de España.

  • Arrecia su ofensiva verbal contra Aznar y prodiga elogios a Rodríguez Zapatero.

  • Los venezolanos confían en que la política exterior de España seguiría como un objetivo la promoción y defensa de los valores democráticos.

  • Venezuela en el límite.


El golpe final a la precaria institucionalidad del país podría ser la consecuencia del último testimonio de apego a la ruta electoral que dieron los opositores a Chávez. Acordaron enfrentar el proceso de reparos a las firmas, que en diciembre pasado, exigieron la convocatoria del referendo revocatorio (RR) del mandato presidencial. El Consejo Nacional Electoral (CNE) controlado por chavistas decidió, por segunda vez, que las firmas no eran válidas y dispuso un mecanismo tan complejo y sometido a tantas limitaciones que parecía imposible una nueva recolección de firmas. Sin embargo, tres millones y medio de ciudadanos llenaron las planillas cumpliendo con todas las exigencias del CNE.

Los reparos acaso constituyen la última estación en el calvario del RR. En mayo del 2002,  presionado por imponentes manifestaciones, así como por la OEA, el PNUD, el Centro Carter y el Grupo de Países Amigos (Brasil, Chile, México, Estados Unidos, Portugal y España), Chávez, aceptó que el referendo se realizara a finales del 2003.  En Venezuela Hoy hemos reportado y analizado los numerosos obstáculos que Chávez le ha puesto. El último fue el de los reparos.

En nuestros informes hemos ido examinando el progresivo deterioro del régimen de Chávez y su manifiesta voluntad de no seguir sometiéndose a una aparente democracia. A lo largo del quinquenio fue perdiendo apoyos en la Asamblea Nacional, hasta quedar limitado a una precaria minoría. En el Tribunal Supremo, diez de sus veinte magistrados, asumieron una actitud independiente y se negaron a acatar las instrucciones de Miraflores. La nueva correlación de fuerzas en el Supremo determinó que la Sala Penal y la Sala Electoral produjeran sentencias que irritaron al teniente coronel. La de mayor significación fue la de la Sala Electoral, constatando la legitimidad del quórum constitucional (20% de los electores) y ordenando la convocatoria del RR. Tal decisión colocó al régimen ante la disyuntiva de acatar o desconocer la sentencia del Supremo. Optó por el desacato, con el apoyo de la Constitucional donde aún conserva la lealtad incondicional de tres magistrados.

La Coordinadora Democrática, decidió ir a los reparos, por entender que es  oportunidad para una enérgica movilización ciudadana en reclamo de la salida pacífica y electoral a la crisis.  Lo hizo a pesar de que la maquinaria fraudulenta que el chavismo tiene en el CNE sólo reconoció como válidas el 55% de las firmas presentadas, y envió a reparos el 34%.  El 11% las declaró inválidas sin dar explicaciones razonables, violando con ello el derecho universal al debido proceso. 

La Coordinadora Democrática tomó la decisión en cierto modo presionada por recomendaciones de la OEA y el Centro Carter, que ofrecieron a cambio la presencia de Gaviria, Carter y de numerosos observadores internacionales, como  neutralizadores de los desmanes con que amenazan los chavistas para evitar que los solicitantes del RR ratifiquen sus firmas.

CHÁVEZ HACIA EL PODER TOTAL

Para los voceros de la oposición, los desafueros del CNE y de la Sala Constitucional representan el cruce de la raya amarilla en el zigzagueante camino de violaciones del estado de derecho, que ha caracterizado el régimen. Da la impresión que Chávez se apresta a cruzar la línea roja.

En tres sesiones de veinte horas continuas, con incorporación simultánea de principales y suplentes e impidiendo que los parlamentarios opositores hicieran uso de sus derechos, la Asamblea Nacional aprobó una nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo, aumentando a 32 los magistrados de la misma. Para evitar las intervenciones de los opositores redujeron un proyecto que tenía 132 artículos, a 23, muchos de los cuales tienen textos de hasta seis y siete páginas. Los oficialistas incorporaron un artículo que les permite suspender indefinidamente a aquellos magistrados del TSJ que no se han sometido a los designios del Ejecutivo. Vale la pena agregar, que de acuerdo con la Constitución, la aprobación de esta ley, por su condición de orgánica, requería el apoyo de una mayoría calificada y la designación de los nuevos magistrados también estaba sometida al mismo requisito. Ahora, a contrapelo de la Constitución, su elección será por mayoría simple.

El nuevo Tribunal Supremo de Justicia le garantiza al régimen el control absoluto de todas las Salas, e igualmente el de toda la judicatura, donde a diario han estado siendo despedidos los jueces que se han atrevido a tomar decisiones no satisfactorias para el gobierno. No suenan exageradas las frases con que se evalúa lo ocurrido con la aprobación de esta ley: “Ha muerto la independencia del poder judicial y el estado de derecho. Es el fin de la democracia”.

A la nueva ley del TSJ se une la resolución del Consejo Nacional Electoral, que autoriza la revocación del mandato de quince diputados de la oposición y sólo dos del gobierno. De consumarse el régimen habrá recuperado amplia mayoría en el parlamento, el control absoluto del poder judicial y mantendrá el que ya tiene sobre la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.

Chávez ha proclamado además que en las elecciones regionales conquistará las gobernaciones y alcaldías en manos de la oposición. Ésta, sin embargo, se dispone a dar una nueva batalla. Algunos comentaristas la han equiparado al clásico ejemplo de Churchill, cuando la Inglaterra solitaria tuvo que enfrentar a Hitler. La oposición convoca a los reparos, convencida de que podrá movilizar los quinientos mil y tantos firmantes requeridos y que el 8 de agosto, fecha fijada para el revocatorio, Venezuela tiene el desafío de una gesta heroica, casi imposible, para salir de Chávez por vía pacífica.

CHÁVEZ Y LAS ELECCIONES EN EE.UU.

La ley de hierro de los militarismos latinoamericanos ha sido su inexorable deslizamiento hacia esquemas autoritarios que casi siempre terminan en crueles dictaduras. Es la historia de buen trecho del siglo XX. Apenas en la última década del siglo los pueblos de la región lograron imponer gobernantes de origen electoral, salvo en Cuba. Hoy sigue siendo Cuba, conjuntamente con Venezuela,  objetivos que la comunidad internacional observa como lunares en el mapa de un Continente estremecido por graves problemas sociales pero negado a la renuncia de formas civilizadas de gobierno.

Entre Castro y Chávez hay algo más que una sólida alianza. Es el predominio de sus desvaríos de poder frente a los intereses de los pueblos que gobiernan. Para el Comandante cubano el petróleo venezolano le llegó como auténtico salvavidas en tiempos tan difíciles como los que sufrió la isla al concluir el patronazgo soviético. Para Chávez, la entente le significa disponer de la estructura de poder construida por Castro y de su asesoramiento día a día. Mas allá de la alianza, Chávez se considera llamado a heredar a Castro y éste lo avala como el líder mejor compenetrado con sus ideas y propósitos.

La campaña electoral estadounidense pone una vez más de manifiesto el peso de la opinión pública en la política exterior. En la medida en que el gobierno de Chávez, transformado ya en un régimen claramente militar, adopta las prácticas de represión masiva de las dictaduras castrenses del pasado, los electores norteamericanos reaccionan al saber que en Venezuela la violación de derechos humanos incluye asesinatos políticos, torturas, desaparecidos, prisiones ilegales, e impunidad que ampara los desmanes del oficialismo y la utilización de los jueces y fiscales “revolucionarios” para perseguir y amedrentar a los opositores.

La reacción del electorado ha sido estimulada por medios de comunicación que a menudo reportan o comentan el Caso Venezuela, especialmente por los testimonios que ofrecen  noticieros de televisión que han logrado captar escenas de represión policial espeluznantes. Los congresistas, impelidos por la campaña electoral, han tenido que mirar hacia el drama venezolano. Lo han hecho con especial interés aquellos cuya elección depende del voto hispano.

El reciente viaje del senador Bill Nelson a Venezuela le permitió airear el otro asunto que cuestiona a Chávez ante la comunidad internacional: su apoyo a la guerrilla colombiana. En una entrevista con el Canciller venezolano le manifestó que tuvo a su disposición información completa, incluyendo datos de inteligencia, sobre la colaboración que Chávez presta a los subversivos del vecino país. A su regreso a Miami, el senador declaró: “el gobierno de Chávez debe ser tratado como un régimen hostil e inamistoso”.

A medios de comunicación colombianos les manifestó tener pruebas de que Chávez otorga pasaportes a guerrilleros colombianos para que puedan transitar libremente por territorio venezolano. “La situación de Venezuela es preocupante por los nexos de Chávez con Fidel Castro y con la guerrilla de las FARC”.

El otro cuestionamiento a Chávez, el más grave, su ambigua posición frente al terrorismo internacional, fue avalado por el Informe Anual del Departamento de Estado, “Patrones del Terrorismo Global 2003”, hecho público esta semana. “La cooperación de Venezuela en la campaña internacional contra el terrorismo fue inconsistente en 2003”, señaló el informe. Agrega que “agentes radicales islámicos” podrían estar operando en territorio venezolano. El informe pone acento en la cuestión de la narcoguerrilla colombiana, en “la afinidad ideológica” de Chávez con las FARC y el ELN, “fuerzas guerrilleras que a menudo incursionan a través de la frontera y consideran el territorio venezolano como un refugio”. Las próximas elecciones estadounidenses están teniendo como efecto que a Chávez  se le deje de mirar como inofensivo “loco de carretera”,  para tomarlo en serio como una nueva especie del “gorilismo” suramericano.

ILUSIONES DE CHÁVEZ CON RODRÍGUEZ ZAPATERO

Chávez desistió de su disparatado intento de influir en las elecciones norteamericanas. Ahora su personalidad sicopática lo lleva a intrigar con relación al nuevo gobierno de España. Desde las elecciones de marzo ha arreciado su vieja ofensiva verbal contra Aznar y es pródigo en elogios a Rodríguez Zapatero, de quien espera  “una política de solidaridad con los pueblos que en este continente luchamos contra el capitalismo salvaje que nos impone el imperialismo norteamericano y por el respeto a nuestra soberanía”. Hasta ahora los socialistas españoles se han negado a opinar sobre Venezuela, no obstante los requerimientos que a diversos niveles han hecho medios de comunicación, tanto españoles como venezolanos. Sin embargo, los  venezolanos confían en que la política exterior de España seguirá teniendo como  uno de sus objetivos la promoción y defensa de los valores democráticos en Latinoamérica, y que España seguirá alentando los esfuerzos de los Países Amigos, de los cuales forma parte, en la solución electoral de la crisis.

La confianza de los venezolanos descansa en la audiencia que debe merecer a Madrid la opinión de un millón de inmigrantes e hijos de inmigrantes españoles que no han descansado en la denuncia de lo que está ocurriendo en el país, y en el señalamiento de las causas que han obligado a decenas de miles a regresar a España. El nuevo gobierno y el PSOE guardan discreto silencio. Pero las designaciones a nivel de gobierno y partido han recaído en dirigentes que conocen y han seguido la situación venezolana, conscientes del importante papel que España tiene que seguir jugando en la promoción de una salida electoral urgente para evitar la escalada de violencia en un país donde reside tan numerosa población inmigrante y son de mucha importancia las inversiones y empresas españolas.

Venezuela Hoy cree recoger el sentimiento nacional de que estamos llegando al límite: surgimiento de nuevas formas de violencia, consolidación de una dictadura sin máscara o difícil recuperación de la democracia.

 

DEMOCRACIA Y DESARROLLO
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