Diciembre 19, 2004

Resumen:

• Documento elaborado por la asesora presidencial Marta Harnecker, contiene los objetivos estratégicos para el despliegue revolucionario.

• “No se trata de que yo sea autoritario, pero ... se está con Chávez o contra Chávez”.

• Sancionada la Ley Mordaza.

• Según el oficialismo, libera al pueblo de la dictadura mediática.

• Según los críticos tiene como propósito neutralizarlos.

• Violaciones flagrantes de la Constitución y de tratados internacionales, al vulnerar el derecho a la información.

• Comienza a funcionar la autocensura en circunstancias muy dramáticas.

• Graves violaciones del texto constitucional en la designación del Tribunal Supremo.

• La nueva Ley amplía a 32 los magistrados.

• Pocos cumplen las exigencias constitucionales.

• El oficialismo reconoce que la lealtad al régimen fue el criterio de selección.

• Chávez elogia al gobierno de Zapatero y a su nuevo embajador en Caracas.

• Similares elogios tuvo en Perú para el fallecido dictador, general Velazco Alvarado.

• En La Habana firmó acuerdos orientados a integrar las economías de Cuba y Venezuela.

• La prensa cubana señala que tales acuerdos garantizan el desarrollo de la isla y el comienzo de una nueva etapa.

Consolidar internamente la revolución e incrementar su proyección internacional son dos líneas maestras señaladas por Chávez, en la muy reservada reunión donde se diseñó la nueva etapa del proceso. (Venezuela Hoy 15 de noviembre de 2004). Un mes después, el Ministerio de Información publicó un documento-resumen elaborado por la asesora presidencial Marta Harnecker, que contiene los 10 objetivos estratégicos definidos por el teniente coronel, concordantes con su intensa actividad durante las últimas semanas y el aceleramiento de sus partidarios en la ejecución de las diversas tareas encomendadas. Como premisa, insistió en que la fortaleza de la revolución requiere desarrollar el espíritu de la Constitución, aplicar sin contemplaciones las leyes ya sancionadas y aprobar sin mayor dilación las que están en trámite legislativo. Estimó prioritaria la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, (llamada por unos Ley Mordaza y por otros Ley Resorte). Con igual énfasis exigió la designación del nuevo Tribunal Supremo.

El discurso presidencial, en esa reunión, se centró en una tajante advertencia: “No se trata de que yo sea autoritario, pero a estas alturas del proceso, se está con Chávez o se está contra Chávez. No puedo seguir tolerando ambigüedades y vacilaciones. Es el momento de consolidar lo que hemos hecho y avanzar aceleradamente en profundizar la revolución. Sin medias tintas ni concesiones al enemigo”.El efecto fue poner en acelerado movimiento la pesada maquinaria oficialista. Los parlamentarios gubernamentales cerraron oídos a las reiteradas protestas nacionales e internacionales y en pocos días sancionaron la polémica Ley mordaza, calificada como “paradigma de la legalidad revolucionaria”. En la exposición de motivos de ésta se alega la protección de los niños y adolescentes contra el abuso del sexo y la violencia en los medios audiovisuales. La motivación implica, según Chávez, elevados intereses patrióticos: “Liberamos al pueblo de la dictadura mediática y comienza la democratización de los medios”. Para los críticos el propósito real es neutralizar políticamente los medios e integrarlos al mensaje revolucionario. El artículo 29 de la Ley es la clave. Organismos controlados por el gobierno decidirán a su libre arbitrio si algo atenta contra la seguridad de la nación, o incita desordenes públicos, o desconoce la autoridad, entre otros muchos supuestos de carácter general. Las sancione pueden llevar hasta la clausura del medio.

Hay rígidos horarios para la programación. En el establecido para todo usuario, que se extiende desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, no se permiten escenas o parlamentos sobre violencia, entre otras prohibiciones.
Los diputados disidentes señalaron violaciones flagrantes del texto constitucional y de tratados internacionales, al vulnerar el derecho a la información y promover autocensura. Las asociaciones de radio y televisión dejaron constancia de violaciones similares al pretender obligarlas a incluir en sus programas regulares “contenidos” que respondan a la ideología del régimen.

El señalamiento sobre autocensura no carece de fundamento. El miércoles 8, desde comienzos de la mañana hasta entrada la tarde, el tráfico hacia el centro de la ciudad se paralizó totalmente. Los conductores intentaron averiguar en la radio la causa del problema. Por los teléfonos celulares llamaban a sus casas u oficinas para preguntar si en la televisión daban alguna información. Nada. Ni en la radio ni en la televisión. Ocurría sin embargo que en el centro de la ciudad se desarrollaba una batalla campal entre policías y buhoneros (vendedores ambulantes), con saldo de muchos heridos por armas de fuego y granadas, incendio de vehículos, barricadas, saqueos, cierre de comercios y caos general. Típicas escenas de violencia, con el antecedente de que en el pasado la trasmisión de saqueos tuvo efecto contagioso. Los medios audiovisuales no se atrevieron a dar información hasta que el propio gobierno les pidió que lo hicieran para llamar a la calma. Se les indicó que reportaran disturbios y declaraciones de voceros oficiales garantizando que las autoridades controlaban la situación.

LA ELECCIÓN DEL NUEVO TRIBUNAL SUPREMO

Con la misma diligencia que hubo para aprobar la Ley Mordaza, procedió la bancada oficialista a la designación del Tribunal Supremo. Fueron obvias las violaciones del texto constitucional. La nueva ley requería mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Las deserciones de sus parlamentarios a lo largo de 4 años dejaron al chavismo sin esa mayoría. El texto aprobado, con mayoría simple, por el contenido y por la forma, es motivo de escándalo para los juristas. El procedimiento parlamentario fue claramente violatorio de la Constitución y del propio texto aprobado por la Asamblea. La nueva Ley amplía a 32 los integrantes del Tribunal. De los 20 que lo formaban, designados por la misma Asamblea para un período de 12 años, cinco fueron destituidos u obligados a jubilarse. Las designaciones de los 17 principales y 32 suplentes requería voto calificado, circunstancia que igualmente fue obviada para nombrarlos con mayoría simple. Pocos de los electos cumplen las exigencias de la Constitución (postgrado, docencia universitaria o 15 años en la carrera judicial). El diputado Carreño, quien presidió la Comisión que elaboró la lista de postulados, fue explicito en señalar la lealtad al régimen como criterio de selección. En la juramentación, electos y electores se felicitaron porque el nuevo Tribunal garantiza una justicia revolucionaria.

Seguramente el primer acto importante de la “justicia revolucionaria” será anular una sentencia del Tribunal anterior sobre los hechos del 11 de abril del 2002. Lo pide el Presidente, formalizó la solicitud el Fiscal y se mostró de acuerdo el Presidente del TSJ. Aparte del trasfondo político, esa sentencia, aparejada con el control total de todo el sistema judicial, lleva a un grado extremo la precariedad del estado de derecho, si es que aún puede usarse la expresión en un régimen como el venezolano. Al anular una sentencia del Tribunal Supremo, dictada en Sala Plena, queda derogado el principio de la cosa juzgada, esta vez en un asunto penal, pero igualmente puede darse en cualquier otro.

LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Según la publicación de Harnecker, el Comandante elogió en forma especial al nuevo Embajador de España. “La instalación de un nuevo gobierno en España marca un cambio importante en la geopolítica mundial...El acercamiento a España es algo vital para nuestra revolución”.

La agenda internacional incluyó Cuzco (Perú), para suscribir el acta de fundación de la Comunidad Suramericana de Naciones. Aprovechó para elogiar al fallecido dictador, general Velazco Alvarado, “cuyo recuerdo está sembrado en el alma de los soldados suramericanos”.

Días después en La Habana, firmó con Fidel Castro un abanico de acuerdos, sin paralelo, orientados a integrar en términos concretos las economías de Cuba y Venezuela. Según la prensa cubana, garantizan el desarrollo sostenible de la isla y el final del período especial que impuso el colapso soviético en 1990. Aparte del suministro petrolero, la eliminación de barreras aduanales, instalación de bancos venezolanos en Cuba para financiar proyectos productivos y de infraestructura, y viceversa, se acordó que más de 15.000 médicos cubanos en Venezuela se dedicarán a la formación de los sanitaristas nacionales.

En Belo Horizonte (Brasil), adonde viajó desde Cuba, para estar presente en la reunión de Mercosur, Chávez reveló que en sus recientes conversaciones con Fidel éste le planteó que el níquel cubano, el carbón de Venezuela y el hierro de Brasil “nos convertirían en una potencia productora de acero inoxidable”, como uno de los tantos logros de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), si se integran nuestras economías.

La proyección internacional de la revolución tendrá próximamente como escenario a China, para proseguir alianzas estratégicas y acuerdos similares a los suscritos con Rusia e Irán. El objetivo, según el recuento de la señora Harnecker, es la formación de un polo de fuerza suramericano, en alianza con los otros polos de fuerza mundiales que no aceptan la unipolaridad yanqui.

La revolución se “consolida” internamente y Chávez la proyecta en el exterior, pero la fractura de la sociedad sigue vigente. Para quienes disfrutan de los petrodólares habrá una Feliz Navidad. Quienes adversan a Chávez seguramente brindarán por tenerlo el 25 de diciembre al otro lado del planeta.