Estamos ante una dictadura que le ha dado un nuevo golpe de estado a la Constitución. Se trata de un plan para demoler los restos de República. El gobierno actúa como si acabase de imponerse en un golpe de estado. Se ha instaurado un régimen de facto. Liquidado el estado de derecho. No son titulares escandalosos en panfletos de la oposición más radical. Son declaraciones de personalidades e instituciones muy respetadas en el país, relativas al paquetazo de leyes dictadas por Chávez un día después de haberse vencido el plazo de 18 meses que le otorgó la Asamblea Nacional (AN) para legislar por Decreto. El primero en reaccionar fue Luis Miquilena, el expresidente de la AN que elaboró la Constitución vigente. Miquilena, figura legendaria de la izquierda, convenció a Chávez, recién salido de la cárcel por indulto, de abandonar el proyecto de una nueva rebelión  y postularse como candidato presidencial en 1998. Le dirigió la campaña electoral, asumió la presidencia de la AN, fue su operador político desde el Ministerio del Interior y se retiró del gobierno con motivo de la sangrienta represión de la manifestación popular del 11 de abril del 2002. Al día siguiente de conocerse el contenido del paquetazo Miquilena declaró: “Estamos en presencia de un gobierno dictatorial que ha dado un golpe de estado a la Constitución”. Las siguientes frases que encabezan la página son declaraciones de los Rectores de las Universidades, directivos de las Academias de Ciencias Jurídicas y Políticas, eminentes profesores de  Derecho Constitucional y prominentes intelectuales .

Los juristas opinan  que las 26 leyes son inexistentes. Alegan que al Presidente le fue delegada la competencia para legislar dentro de un plazo determinado, y si dentro de ese plazo no lo hizo, feneció el poder delegado; si lo hizo después, incurrió en usurpación de autoridad. “Lo que da vida a las leyes es el conocimiento de su existencia por parte de los ciudadanos, para lo cual es indispensable su publicación en la Gaceta Oficial. Ello  es lo que vincula a los ciudadanos con las leyes”. El argumento es fuerte, aunque el régimen alegue que la objeción es una nimiedad, porque los textos están contenidos en una Gaceta Extraordinaria fechada el 31 de julio. La Fiscal, cuya función es velar por el cumplimiento del orden jurídico, le restó importancia al hecho público y notorio de que la Gaceta fue publicada cuatro días después: “No he leído todos los decretos, pero no violan la Constitución”, dijo. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en sentencias anteriores al 31 de julio, le dio carácter orgánico a algunos de los Decretos.

Varios de los Decretos repiten, a veces textualmente, las reformas rechazadas en el referendo del 2D. El artículo 345 de la Constitución dispone que la iniciativa de reforma constitucional no puede presentarse de nuevo en un mismo periodo constitucional. Parece elemental que si el Presidente no puede presentar nuevamente una reforma menos puede modificar el texto constitucional haciendo uso de la facultad delegada de legislar. Es el argumento de quienes dicen que ha muerto la Constitución, pues varios de sus artículos han sido modificados por decreto presidencial, prescindiendo de los mecanismos de reforma y referendo que la protegen, en la legislación venezolana y en la de cualquier país democrático.

EL PAQUETAZO EXCEDE LO IMAGINABLE  

“Vamos a profundizar el plan socialista, cuyos lineamientos para nada sufren porque no se haya aprobado la reforma”, manifestó Chávez en su primer Aló Presidente de este año. “Estamos en condiciones políticas y económicas de entrar a fondo en la revolución socialista, porque ya estamos fortalecidos para intensificarla”, expresó en el último Aló Presidente. Una visión global de las 26 leyes confirma la tesis de que Chávez aprovechó la habilitación para introducir los lineamientos claves de los cambios rechazados el 2D. Según la Constitución, la Fuerza Armada Nacional (FAN) está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional. El paquetazo, como lo proponía la reforma, agrega un quinto componente, como cuerpo especial: la Milicia Militar Bolivariana, bajo el mando directo del Presidente, quien tiene no sólo la función sino el grado militar de Comandante en Jefe. Chávez, quien fue pasado a la condición de oficial retirado en 1994, readquiere la condición de oficial activo, en la cúspide de la  pirámide, con derecho a uniforme especial, insignias de grado y el bastón de mando establecidos por reglamento. Si en el futuro, un civil  o una mujer, accede a la Presidencia, podría usar  uniforme militar con 5 soles en sus charreteras. Un analista comenta que no se trata de opereta tropical. Hay cuestiones más trascendentes. Se dispone que la educación militar esté orientada a la “conformación del nuevo pensamiento militar venezolano”, inspirado en el socialismo bolivariano, que la FAN actuará como policía administrativa y de investigación penal, y participará en alianzas o coaliciones con las fuerzas armadas de otros países para promover o defender  los acuerdos de integración. Hay acuerdos de integración con Cuba, Bolivia y Nicaragua.

La reforma rechazada  autorizaba al Presidente para crear provincias federales  y designar vicepresidentes regionales. Ante el fundado temor de perder varias gobernaciones y alcaldías importantes, la nueva legislación lo autoriza para designar autoridades regionales, “las cuales tendrán por función la planificación, ejecución, seguimiento y control de las políticas, planes y proyectos de ordenación y desarrollo del territorio aprobados conforme a la planificación centralizada, así como las demás atribuciones que les sean fijadas, asignándoles los recursos necesarios para el eficaz cumplimiento de su objeto”. Los analistas señalan que el propósito es someter a los gobernadores y alcaldes a las autoridades regionales, de libre elección y remoción por el presidente, poniendo punto final a los vestigios de federalismo y descentralización administrativa que consagra la Constitución. “El modelo –escribe Teodoro Petkoff- es la figura del gauleiter nazi, que era, exactamente, una autoridad regional designada por Hitler y sobrepuesta a las autoridades elegidas en las provincias alemanas”.

La eliminación del derecho de propiedad fue una de las principales causas para que las propuestas del referendo del pasado 2 de diciembre fuesen rechazadas. Sin embargo, el artículo 5 de la novísima Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, autoriza la expropiación de  bienes sin que medie declaratoria previa de utilidad pública e interés social. La Ley de Seguridad y soberanía Agroalimentaria declara de utilidad pública “los bienes que aseguren el acceso a los alimentos” y “las infraestructuras mediante las cuales se producen”. Se autoriza la adquisición forzosa de todo cuanto tiene que ver con las cadenas de comercialización y distribución de alimentos. Otras de las leyes regulan la economía, la banca, el turismo, para sólo mencionar algunas materias, en términos tales que industriales y comerciantes declararon  que con tales normativas no pueden seguir funcionando. Es el “cierre del cerco” al sector privado, afirmaron.

¿HAY SALIDA ELECTORAL?

El nuevo periodo de la revolución será del 2008 al 2021 y arranca el próximo 23 de noviembre, afirmó Chávez en Aló Presidente. En la bibliografía del personaje, ya numerosa, aparece como relevante que no oculta sus propósitos. Juega con las cartas sobre la mesa, dicen. La frase merece análisis porque la pronuncia en el momento que el país se conmociona por el paquetazo y las elecciones del 23 de noviembre centran el debate político. Conforme al referendo del 2D, Chávez termina su mandato en el 2013 y no puede postularse para un nuevo periodo. En noviembre se eligen gobernadores y alcaldes. “Tenemos que pulverizar a la oposición, nuestro triunfo debe ser aplastante en todo el país”, clama a diario en los actos donde anuncia su apoyo al candidato oficialista. Al señalar que la nueva etapa se extenderá hasta 2021 precisa que la “enmiendita”,  de la cual ha hablado, no sería simplemente para que se le permita reelegirse por otro lapso, pues ese mandato concluiría en el 2020. Evidente que la “enmiendita” sería para reelección indefinida, la presidencia perpetua.  Con el precedente del rechazo a la reelección el 2D, Chávez no puede arriesgar un referendo sin una victoria clamorosa en noviembre. La consulta tendría que ser en el comienzo del 2009, pues todos los indicadores económicos y sociales pronostican estallido de la inflación reprimida (la de alimentos, con control de cambios, llegó en junio a 49%) y una inevitable devaluación de la moneda. El proyecto de Chávez pasa por convertir el 23 de noviembre en un plebiscito. Como tal reseña la actividad presidencial ABN, la oficina de información del Estado. Los candidatos oficialistas centran su campaña en la exaltación de Chávez y la revolución. El Ministro de Comunicación e Información fue encargado de dirigir la propaganda de los candidatos.

La prensa independiente coincide en que se puso en funcionamiento toda la maquinaria del estado para imponer los candidatos ungidos por Chávez. Los de oposición, que aparecieron en las encuestas como ganadores, fueron inhabilitados. En la Gaceta Oficial del 6 de agosto aparece autorizado el Presidente de PDVSA para desarrollar actividades políticas, lo cual le está vedado por los Estatutos de la empresa, “salvo disposición del Presidente de la República”. En la misma Gaceta se amplia la razón social de la empresa para “fomentar el desarrollo integral del país”, y “realizar las operaciones, contratos y actos comerciales necesarios o convenientes”. Es el piso legal para Pdval y Mercal, centros de importación, almacenaje, red de supermercados y abastos para la venta de alimentos a precios subsidiados. Los ingresos de PDVSA en el primer semestre de 2008 fueron de $ 40.000 millones.

Según las encuestadoras confiables, conocidos ya los nombres de los candidatos a Gobernaciones y Alcaldías, la segmentación clásica de opinión pública es: 40% chavistas, 38% opositores y 22% neutrales. La segmentación consolidada: chavismo 45%, oposición 42%, neutrales 13%. La fractura interna del frente patriótico (alianza gubernamental) ha tenido consecuencias: aparece un 29% de chavistas críticos, lo cual reduce a 16% el segmento duro. Los analistas que merecen crédito opinan que si la oposición logra rescatar el carácter regional y local de las elecciones, impidiendo el sentido plebiscitario que intenta Chávez, podría triunfar en los estados y municipios más importantes, obteniendo nacionalmente más votos que Chávez, como ocurrió el 2D. Siempre que los organismos electorales cuenten los votos. Last but not least. El CNE aún no ha dado los resultados del 2D. Anunció, sólo, que había ganado el NO.