Abril 14, 2009

Chávez Y La Legalidad

Después del fracaso en el pustch de Munich nos propusimos llegar al poder legalmente pero no para ejercerlo legalmente, afirmó Goebbels, según documento que reprodujo el historiador Paul Johnson. La frase resulta apropiada para resumir la biografía de Chávez, y especialmente su demostración de que gobierna con sistemática violación de la legalidad. Regresa de China y Japón confirmando la venta a futuro de petróleo, que aparte de violar la legislación sobre hidrocarburos, significa hipotecar la principal riqueza del país. El retorno fue paso obligado por Cuba, país con el cual ha firmado tratados y convenios que desconocen normas constitucionales, entre otras las que establecen los principios fundamentales de la República. Enajenó la soberanía nacional, supeditándola a los intereses y mandatos de Fidel Castro. En su primera aparición pública, convierte la reserva militar en milicia bolivariana, último capítulo de la trasgresión cotidiana a los artículos de la Constitución y leyes sobre las fuerzas armadas. Mas tarde, acusa a los medios de comunicación de estar “tratando de “subvertir y desestabilizar al país”, exhortando a una investigación a fondo para establecer responsabilidades e imponer sanciones. El exhorto presidencial, equivale a una orden para fiscales y jueces. Es la amenaza más seria realizada contra la libertad de información que protege la Constitución. En el mismo acto anunció que en los próximos días designará al jefe de gobierno del Distrito Capital, acto que no sólo viola el orden legal, sino que también desconoce el voto popular que eligió a Ledezma. Reúne en Caracas a la Alianza Bolivariana, producto del uso indebido de los recursos públicos y de la violación de normas constitucionales y legales. Recibe al Presidente Uribe, objeto reiterado de agresiones verbales, algunas con lenguaje escatológico, y varios diarios informan que  la agenda incluye el diferendo sobre delimitación de las áreas marinas y submarinas del Golfo de Venezuela, el asunto que históricamente ha perturbado las relaciones con el país hermano. Ambos mandatarios desmienten que sea materia del encuentro, pero quienes sostienen lo contrario dicen que hay un acuerdo mediante el cual se acepta el punto de vista colombiano a cambio de silencio sobre material todavía no conocido de las computadoras de Reyes. Traición a la patria, ha dicho Chávez,  sería avenirse a la tesis de Bogotá.

Una de las características de la personalidad de Chávez es el desprecio absoluto por el estado de derecho. No lo niega, al contrario, lo justifica con la tesis de que es la argucia del capitalismo para dominar y explotar los pueblos. “Con el socialismo siglo XXI  muere un sistema y surge uno diferente, con valores nuevos, entre otros transferir al pueblo organizado en comunas, la facultad de examinar y decidir lo que es justo, para ir creando las normas de la legalidad revolucionaria”. La Cumbre de las Américas es el primer encuentro de Chávez con Obama.  Éste tomó medidas para evitar que el tema central fuese el ingreso de Cuba, como pretendía Chávez. Obama tendrá oportunidad de evaluarlo y seguramente Chávez será comedido, pues tiene interés en normalizar las relaciones con el primer socio comercial. Sin embargo, es difícil que los gobernantes no comprometidos con Chávez dejen de considerarlo en su real dimensión: un megalómano que pretende liderazgo continental y mundial para revivir el comunismo.

LOS JURISTAS DEL TERROR

Los juristas del terror titula Ingo Müller un libro documental sobre las atrocidades de que fueron capaces los jueces alemanes durante el régimen de Hitler. Mas que censurable, dice el autor, pues se trataba de  un país cuyos jurisconsultos han tenido prestigio universal.  No es el caso venezolano, pero sí escenario para actuación de jueces que se están ganando el calificativo de Müller. Una juez acaba de sentenciar a 30 años de presidio a funcionarios policiales que hace seis años trataron de proteger a manifestantes pacíficos ante la violencia homicida de “círculos bolivarianos”. Fue el final de la ya histórica movilización civil del 11 de abril de 2002 que obligó a Chávez a dejar Miraflores y trasladarse a Fuerte Tiuna, donde el alto mando militar le exigió la renuncia, “la cual aceptó”, según el general Lucas Rincón, su hombre de mayor confianza en las filas castrenses. Los funcionarios policiales permanecieron detenidos varios años, en condiciones infrahumanas, hasta que se produjo “una sentencia criminal”, según la calificó el rector de UCAB, Luis Ugalde, pues constituye una escandalosa violación de todas las normas penales y procedimentales que rigen las sociedades civilizadas. Chávez pretende convertir su cuestionado comportamiento del 11 de abril en epopeya que sus áulicos califican como heroica. Fue rotunda su negativa a que se constituyera una Comisión de la Verdad, integrada por personalidades venezolanas y extranjeras que mereciesen confianza. El 11 de abril, en la llamada Masacre de Miraflores, hubo 23 muertos y centenares de heridos. Los funcionarios fueron condenados “como cómplices necesarios” en la muerte de  dos fallecidos, sin señalar nexos de causalidad entre su actuación y las víctimas. ¿Cómo se puede ser cómplice de un asesinato si no hay  identificación del autor material del hecho? Más aun, la bala que causó la muerte de una de las víctimas, cuyo asesinato se les atribuye, fue disparada por un arma distinta a las que portaba la policía. Un camarógrafo de TV filmó a la banda chavista disparando contra los manifestantes. Sobrevivientes atestiguaron que no eran policías quienes les dispararon, sino guardias nacionales. 30 años es la máxima pena que permite la ley, y sólo ha sido  aplicada en casos de extrema gravedad, que la propia ley especifica. Los condenados a penas severas, tienen beneficios procesales que les permiten ser liberados antes del cumplimiento de la pena.

Que fuesen condenados no ha sorprendido, pues Chávez  varias veces lo anticipó desde Aló Presidente. Lo que ha estremecido es el sadismo con que la juez dictó la sentencia. Miraba con odio al procesado y le anunciaba “30 años de presidio”. La TV del estado trasmitió el acto, enfocando la cara de la juez, del respectivo condenado y de los familiares cuya presencia se permitió. Cambiando la expresión iracunda por una risa sarcástica, la Juez anunció que el delito por el cual los condenaba no permitía beneficios procesales y por tanto debían estar encarcelados 30 años. Ante las declaraciones de los abogados defensores y de los familiares, protestando la sentencia, se anunció que serían procesados por exponer la juez al odio público. Igualmente se abrió un procedimiento administrativo contra Globovisión y RCTV por la trasmisión de las declaraciones de los abogados defensores y los familiares. Está claro el trasfondo político, liquidar la precaria libertad de información que aún existe, pero la pregunta que alarma al país es si el sadismo demostrado por la juez es fruto del sentimiento de odio y menosprecio al adversario que Chávez sembró y cultiva entre sus partidarios.

Algunos personajes, simpatizantes de Chávez, llaman al diálogo. La respuesta de Chávez fue categórica: “con la burguesía no puede haber entendimiento alguno, debemos seguir adelante, arrollando a los enemigos”.

 FRAUDE POST ELECTORAL 

Algunos analistas afirman que Chávez cruzó la línea roja a partir del 15 de febrero. Es una forma de dramatizar los hechos posteriores, entre otros, el desconocimiento de las elecciones de Gobernadores y Alcaldes (23-11-2008) donde sus candidatos fueron derrotados en la región capital y en los estados más poblados. Amedrentar, producir miedo, y en ocasiones terror entre quienes no lo apoyan, especialmente la clase media, es una de sus armas más efectivas. El referendo del 15 de febrero, contienda entre el régimen y los millones de disidentes que se atrevieron a decir NO, lo asumió Chávez como autorización para secuestrar los cargos de elección popular ganados por la oposición. Ordenó a la Asamblea Nacional (AN) aprobar una ley mediante la cual puede designar un jefe de gobierno que ejercerá funciones como superior jerárquico de los órganos y funcionarios de la Alcaldía Mayor y realizará control de tutela sobre las alcaldías municipales, cuatro de las cuales ganó la oposición. Igualmente acordó que fuese el poder central el administrador de las autopistas, puentes, etc. de cuyos peajes derivaban recursos los estados y municipios. El llamado  Palacio Municipal, sede histórica de la Alcaldía Mayor, ocupado por brigadas chavistas desde  la elección de Antonio Ledezma, le fue transferido al jefe de gobierno que Chávez designe, quien administrará el situado constitucional, las asignaciones especiales y el subsidio de capitalidad que son las fuentes de recursos de la Alcaldía. Otra ley de la AN dispone la transferencia de “los recursos y bienes” del Distrito Metropolitano al Distrito Capital. “Sin dinero y en la calle” fue el titular del reportaje publicado por un diario sobre la situación en que Chávez deja a Ledezma, quien obtuvo más de 800.000 votos el 23-N. Se trata de un fraude post electoral, sentenció el Alcalde afectado.

Chávez afirmó que estados estratégicos como Zulia y Táchira no deben ser gobernados por  la oposición. Es emblemático el caso de Manuel Rosales, analizado por Venezuela Hoy (25-3-09). Estaba sentenciado: “Te meteré a la cárcel pues una piltrafa como tú no tiene derecho a andar libremente por las calles hablando mal de mi gobierno”. Al decir de voceros oficiales, Rosales, el candidato que lo enfrentó en la reelección, será enjuiciado y condenado por supuesto delito de enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador. Los medios zulianos afirman que esa condenatoria será utilizada para encarcelar “por complicidad necesaria” al actual Gobernador, quien desempeñó la Secretaría General.

Los gobernadores de Carabobo y Miranda, Henrique Salas y Henrique Capriles han sido señalados por Chávez de enriquecimiento ilícito cuando desempeñaron la Gobernación del Estado, el primero, y la Alcaldía de Baruta, el segundo. Como ha venido ocurriendo, sus amenazas las convierten en realidad el Tribunal Supremo y demás autoridades judiciales. Al gobernador del Táchira lo acusan de haber ganado mediante “fraude”. Señalamiento insólito, pues el régimen controla todos los organismos electorales, pero el asunto será decidido por la Sala Electoral que sentencia   conforme le ordene Miraflores. La Conferencia Episcopal alertó que “está en riesgo de colapso el sistema democrático del país”. El Cardenal Urosa y el Arzobispo Porras, declararon  que se deben respetar  las elecciones del 23-N.  Chávez les respondió que los Obispos “le dan lástima por la degradación en que han caído, poniéndose al lado de los asesinos”.