Abril 30, 2009

Teodoro Petkoff dirige un diario con línea crítica frente al régimen. Se le enjuicia por “participación en un plan que atenta contra la seguridad de la nación y el estado venezolano”. Chávez sabe que  la represión estilo Cuba es mal vista en el escenario internacional y ha decidido sacar del juego a los líderes que lo enfrentan mediante la criminalización de la disidencia y la judicialización de la política. La Asamblea Nacional (AN) dicta leyes que aprueban la transferencia de las partidas presupuestarias y bienes de la Alcaldía Mayor a la funcionaria designada por Chávez como autoridad suprema de la Región Capital. Cuatro de las cinco alcaldías municipales ganadas por la oposición dan cumplimiento a una disposición legal que dispone transferir una cuota de sus ingresos a la Alcaldía Mayor. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declara la nulidad de esa norma. La AN remite a la Gaceta Oficial el contenido de la reforma sobre la “nueva geometría del poder”, según la cual las comunas son las células sociales del territorio y  el núcleo básico e indivisible del estado socialista, lo cual fue rechazado en el referendo del 2 de diciembre de 2007. Gobernadores y alcaldes electos el 23-N recurren al TSJ pidiendo se cumpla la norma que ordena al poder nacional transferirles cuotas del situado constitucional y del Fondo Intergubernamental para la Descentralización. El TSJ, según los casos, se pronuncia en contra o guarda silencio.

El caso Manuel Rosales, alcalde de Maracaibo, es patético. Acusado de presuntos hechos de corrupción, concurrió a cuanta citación se le formuló, incluyendo una interpelación vejatoria en la AN. El TSJ declaró sin lugar los recursos intentados para que se le juzgara de conformidad con el Código de Procedimiento Penal; aprobó radicar el juicio en Caracas y violó su derecho a ser juzgado en libertad, en el lugar donde presuntamente se cometieron los hechos. Sin que hubiese orden de aprehensión, la policía estuvo persiguiéndolo como si fuese  un criminal de alta peligrosidad. Se filtró el texto de la sentencia condenatoria, redactada con antelación a la audiencia donde podía exponer su defensa. Debía ser recluido en una cárcel de alta peligrosidad, expuesto a que lo mataran. UNT, el partido que preside, le aconsejó abandonar el país. Perú le concedió asilo, por considerarlo  perseguido político. Chávez retiró el embajador en Lima.

En la AN procesan denuncias del PSUV contra los gobernadores de Carabobo y Táchira, para quienes se pide “severas sanciones”.  Al gobernador del Zulia le acusan de “cómplice necesario” en los delitos atribuidos a Rosales, de quien fue Secretario en su gestión como Gobernador. Al gobernador de Miranda lo amenazan con enjuiciarlo por supuesta malversación. Es evidente el proyecto de dejar sin efecto las autoridades de elección popular no afectas al régimen y concentrar todo el poder en Chávez, cuidando algunas  formalidades. En las universidades son frecuentes foros y seminarios para caracterizar “el chavismo”. Conclusión de uno reciente en la UCV: es el modelo de neototalitarismo militar que Chávez concibe para Venezuela y exporta con petrodólares bajo el paraguas de Socialismo Siglo XXI.

CHOCAN EL SOCIALISMO Y LOS TRABAJADORES

Nadie duda que Chávez tiene un proyecto totalitario. Desde Aló Presidente tiene 10 años dibujando un país perfecto y prometiendo un futuro de felicidad colectiva. Es el líder ideológico del marxismo duro y la garantía para los militares, del poder como un festín. Los programas sociales, alimentados por los precios del petróleo, le han ganado una vasta clientela, cuya fidelidad es una interrogante si subsisten o se agravan las dificultades financieras del Estado. Empieza a producirse un choque entre el socialismo de Chávez y las conquistas de los trabajadores. Surge un frente adverso que nada tiene que ver con la oposición tradicional, sino con los problemas de presupuesto para atender los reclamos de contratación colectiva y mejores salarios entre quienes laboran en áreas vitales: administración pública, tribunales, educación, salud y en el complejo industrial que abarca petróleo, electricidad, hierro y aluminio. Buena parte de quienes reclaman llevan o han llevado el uniforme rojo. Los conflictos laborales aumentan y 78% ocurren en el sector público. Actualmente están vencidas 200 contrataciones colectivas y el gobierno se niega a discutirlas, ofreciendo a cambio convenciones socialistas entre trabajadores y el Estado.

Un reportaje de investigación realizado por El Nacional llega a la conclusión de que el gobierno no quiere sindicatos ni organizaciones de trabajadores,  porque a medida que concentra todo el poder económico y estatiza industrias y comercios, se convierte en el único patrón e intenta imponer unilateralmente las condiciones de trabajo, sueldos, salarios, prestaciones y seguridad social. Es el comienzo del choque entre las ideas de Chávez y los trabajadores, sin distingos políticos. Hasta los médicos de Barrio Adentro realizaron una manifestación de protesta “contra medidas que afectan sus condiciones laborales”. Un dirigente de los trabajadores petroleros, que se identificó como seguidor de Chávez, declaró: “PDVSA está quebrada por las pésimas decisiones gerenciales, pero los trabajadores no tenemos por qué pagar la manía de regalar dólares a los vividores del ALBA”.

La actividad petrolera está en fase de contracción: baja en la  producción, revisión de costos y gastos, deudas vencidas con trabajadores y proveedores de servicios es la situación de PDVSA, cuyas exportaciones generan mas del 70% de los ingresos. La segunda fuente de divisas son las exportaciones de la Corporación Venezolana de Guayana. El ministro de Finanzas estima que la adecuación tecnológica de las empresas de aluminio, los pasivos laborales y las deudas con proveedores demanda recursos superiores a $ 5.000 millones, que sólo podrían obtenerse mediante endeudamiento. El grupo Techint amenaza con un arbitraje internacional por el pago de Sidor, la metalúrgica a cuyos trabajadores se les anuncia que son impagables las cláusulas del convenio firmado con Chávez cuando nacionalizó la empresa. Las penurias financieras afectan letalmente las cooperativas y la cogestión, confiadas a los círculos bolivarianos. A partir del 2003 se constituyeron 366.000 cooperativas, de las cuales quedan en funcionamiento 20.000, que reciben del gobierno fondos no reembolsables. La cogestión ha sido igualmente un fracaso. La economía social apenas ha integrado un 20% del millón de egresados de la Misión Che Guevara y su participación en el PIB es 1.6%. Las realidades económicas imponen muros de contención al totalitarismo que se pretende implantar. ¿Podrá Chávez superarlas? Es la interrogante nacional y la que debería plantearse la comunidad internacional pues el modelo es un producto de exportación.

 UN FRENTE POR LA VIGENCIA CONSTITUCIONAL

Necesitamos dar la batalla contra los ataques de la oligarquía criolla y difundir las ventajas del socialismo, ordenó Chávez a los centenares de jóvenes que reciben en Cuba cursos semestrales de formación ideológica. “No hay acuerdo posible con la oposición apátrida, defensora del modelo neoliberal”. Agregó que es necesaria “la presentación del proyecto bolivariano a la sociedad que nos evalúa, incluso a veces nos teme. Por pequeños que sean los resultados de la revolución hay que mostrarlos, para que no sea vista como una propuesta utópica”. Es la primera vez que reconoce los magros resultados de la revolución, y que en la sociedad despierta temor su evaluación. Los analistas entienden que parcialmente es una repuesta al documento de la Asamblea Anual de Consecomercio, donde un sector muy representativo del empresariado manifiesta la voluntad de colaborar en un plan de carácter nacional para enfrentar la crisis económica global, cuyos efectos, dicen, cada día se hacen mas preocupantes en el país. Los empresarios señalan como problema fundamental de la década la aniquilación de la confianza social, y proponen un gran acuerdo para construir una democracia eficiente que estimule la libre empresa y el emprendimiento económico, teniendo como referentes el Estado de Derecho y el imperio de la Constitución. “Cuando esas condiciones se violan o desaparecen, las empresas cierran, se incrementa el desempleo y abunda la pobreza”. Chávez rechaza el mensaje empresarial, por considerarlo “ataques de la oligarquía”  y apuesta a “las ventajas del socialismo”. Es también una respuesta a los líderes de la oposición, quienes insisten en que es indispensable que el gobierno abra las puertas al diálogo, como aporte indispensable a la estabilidad institucional y la convivencia pacífica. La respuesta es categórica: ¡no hay acuerdo posible!

Variados sectores proponen un frente nacional, que tenga como bandera el texto de la Constitución. En el chavismo están siendo afectados por el radicalismo de la revolución, y en sus protestas (manifestaciones, huelgas, documentos) coinciden en declararse víctimas de la violación de normas constitucionales, dejando a salvo que no forman parte de la oposición. Sin embargo, es ya frecuente en los actos de protesta la confusión de los camisas rojas con los manifestantes de oposición. Los investigadores de opinión recomiendan prescindir del calificativo “oposición” para que los chavistas descontentos no se sientan incómodos en un frente cuya motivación es la defensa de los derechos consagrados en la Carta Fundamental. Varias ONG trabajan en la organización de una red que mancomune esfuerzos en los 23 estados del país para promover la comprensión de las violaciones cometidas contra la Constitución. Afirman que el propósito es vincular el texto constitucional con los problemas concretos de la gente: inseguridad, pobreza, desempleo y los atropellos de que son objeto por las autoridades. La Iglesia Católica asumió vanguardia a través de la Conferencia Episcopal, cuestionando que el poder tome decisiones al margen de la Constitución. “La democracia supone  pluralidad de pensamiento y acatamiento al Estado de Derecho. No es posible lograr entendimiento ni tener paz si el gobierno pretende imponer por la fuerza su proyecto de país”. La Iglesia no habló en vano. El régimen trata de impedir la celebración de los trabajadores el 1º de mayo y convoca a “camisas rojas” de todo el país para una manifestación que augura violentas confrontaciones.