Mayo 15, 2009

El viaje de Chávez a Argentina se ha prestado a especulaciones. Aparentemente, la agenda presidencial se limita a convenios de cooperación, pero ha sido inevitable la reaparición del caso del maletín. Un juez argentino convalidó  las pruebas del juicio en EE.UU., cuyas conclusiones se inclinan por la tesis de que los $800.000 dólares incautados a Antonini Wilson estaban destinados a financiar la campaña de la señora Kirchner. Argentina vive con intensidad el evento comicial de junio y algunos comentaristas de prensa bonaerense dejan traslucir la interrogante de si esta vez Chávez será el portador de otro maletín.

En su mensaje de despedida, Chávez, además de emprender duros ataques contra los medios de comunicación, se quejó de la poca importancia que  le dan a sus esfuerzos para lograr la integración suramericana. Es que la situación de la economía constituye el centro de la preocupación nacional, alimentada por las ahora diarias cadenas de radio y televisión, dedicadas en buena parte a lecciones sobre las bondades del marxismo en su nueva versión del “socialismo siglo XXI”. “La revolución bolivariana es un aporte importante a la salvación de la humanidad, a la salvación del mundo”. No se trata sólo de histrionismo o retórica. De acuerdo con el proyecto de Ley de Propiedad Social, en las relaciones laborales no habrá diferencia por la ubicación jerárquica, sino en proporción al trabajo aportado. Chávez expropia fundos agrícolas, aduciendo que la tierra pertenece a la nación y que no existe ningún terreno que en realidad sea privado.

Ha tenido gran impacto el Manifiesto frente a la crisis nacional, suscrito por los economistas mas destacados del país y de diversas tendencias. Según ellos, el deterioro de la producción agrícola, la escasa inversión industrial, la corrupción generalizada, el estancamiento de la producción petrolera, el colapso de las empresas básicas de Guayana y la insolvencia de los entes financieros públicos, son síntomas de problemas económicos muy graves. Señalan que la crisis encuentra a Venezuela con una dependencia casi total del ingreso petrolero y con un aparato productivo privado que ha sido premeditadamente asfixiado. “A ello se agrega el deterioro institucional, pues los poderes públicos son cada vez más parciales y dependientes del Ejecutivo”. Señalan la necesidad de advertir al país sobre el grave cuadro económico, social e institucional que vive la nación, no con el propósito de acentuar la ansiedad que prevalece entre los venezolanos, sino para resaltar el hecho de que los desequilibrios y distorsiones existentes, tendrán impactos negativos de importancia sobre la vida de los ciudadanos, debido a los graves errores de interpretación de la realidad nacional y de diseño y ejecución de las políticas que ocurren bajo el actual gobierno.

GRAVES PROBLEMAS DE PDVSA

Las dificultades de la estatal petrolera ocupan a diario la información y análisis mediático. Chávez decretó la expropiación de las empresas que prestan bienes y servicios a la actividad petrolera y que permanecían dentro del sector privado. Ellas se encargaban de los procesos de inyección de agua, de vapor o de gas que  permiten incrementar la energía de los yacimientos y mejorar su factor de recuperación, manejan taladros de perforación, lanchas, remolcadores, gabarras y servicios para el reemplazo de tuberías. Después de la nacionalización del petróleo, en el siglo pasado, y durante el decenio de Chávez, se mantuvo la actividad de las empresas ahora afectadas, algunas norteamericanas y británicas,  por economía de gastos y porque varias disponen de tecnologías propias, de las cuales carece PDVSA,  además de su larga experiencia en procesos claves para la producción del crudo.

Comentaristas autorizados han puesto en duda la conveniencia de la medida, y la atribuyen a los problemas financieros de  PDVSA para pagar las cuentas pendientes con los proveedores y las deudas con los trabajadores. Están en lo cierto. Chávez debió trasladarse al Zulia para comprometerse personalmente en el pago de las deudas, reclamadas violentamente por la masa laboral. Las compañías Helmerich Payne, y Williams hicieron público que PDVSA les adeuda $116 millones y $241 millones respectivamente. Las firmas Halliburton y Schlumberg difundieron que la deuda con ellos llega a mil millones de dólares y que los pagos recibidos apenas llegan al 10% de la factura.  La empresa británica Good Group, con 49% de participación en Sinco (Servicios de Ingeniería, Mantenimiento, Construcción y Operaciones) pidió una indemnización por la toma de sus equipos. Good Group y la estadounidense Williams anunciaron que estudian demandar ante centros de arbitraje internacional.

Al país le preocupan las finanzas de PDVSA. Sus pasivos, cuando los precios de exportación alcanzaron máximos históricos fueron superiores a $69 mil millones de dólares. Sus cuentas por cobrar, de dudosa recuperación, ya que responden al regalo energético a varios países, superaron los $24,2 mil millones. Durante el periodo de mayor bonanza se produjo el hundimiento financiero, y ahora, PDVSA, además de estar amenazada de demandas ante centros de arbitraje internacional confronta severas restricciones operativas que se están traduciendo en menor capacidad de producción y distribución. El precio promedio del barril fue de $86 el pasado año, por lo que una reducción estimada hasta $40 para este año, en el contexto de los serios problemas acumulados representa un impacto en el orden social y económico. Un calificado analista opina que la apuesta de Chávez a la recuperación sostenida del crudo es juego riesgoso para la gobernabilidad del país.

La situación pudo ser distinta si hubiese prevalecido un mínimo de sensatez y de orden en la conducción de los asuntos públicos. Si el gobierno, con los precios elevados desde el 2004, hubiera destinado parte de esos recursos al fondo de estabilización, en lugar de dilapidarlos en la forma en que lo hizo, se podrían haber suavizado los efectos de la caída del ingreso petrolero. Era necesaria una política racional de producción y de comercialización en la que prevaleciera el interés nacional por sobre un interés geopolítico circunstancial.

OBSESIÓN CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El ensañamiento de Chávez contra la televisión privada resultaría enfermizo, si no fuera patente su oposición a la libertad de expresión, que se puso de manifiesto cuando señaló: “Los dueños de los 4 canales nacionales de TV, RCTV, Venevisión, Televen y Globovisión, no se salva ninguno, debían estar presos, por golpistas, por terroristas”. Los llamó a cambiar su actitud o someterse a sanciones, incluso el retiro de las concesiones. Globovisión, el canal de noticias y su director Alberto Federico Ravell, son  objeto especial de la iracundia presidencial. La acusación es “terrorismo mediático” por haber informado el pasado 4 de mayo de un sismo, ante la ausencia de información oficial. CONATEL abrió el proceso  para cerrar Globovisión. Ravell comprobó que su información había sido veraz y objetiva, con un llamado a la población para mantenerse en calma. No obstante, los líderes del PSUV apoyaron el cierre, con el argumento de que “al enemigo hay que liquidarlo ”La obsesión de Chávez contra los medios de comunicación es tan agresiva, que en Argentina expresó: “No debe extrañarse nadie cuando el Estado tome decisiones sobre algunos medios de comunicación que practican el terrorismo”.  En rueda de prensa conjunta con la presidenta Kirchner expresó que en Venezuela “algunos medios de comunicación siguen practicando el terrorismo, no la crítica”. La amenaza ha sido objeto de repudio nacional e internacional. La SIP protestó por la amenaza contra Globovisión.  Enrique Santos, presidente de SIP y director de El Tiempo, de Bogotá, recordó el cierre de RCTV en mayo de 2007, y que sus equipos fueron confiscados sin resarcimiento alguno.  En su última reunión semestral la SIP dejó constancia que la violencia verbal de Chávez incrementa acciones de sus partidarios contra medios y periodistas independientes. “El ejercicio de la libertad de expresión no es una concesión de las autoridades, sino un derecho inalienable de la sociedad. Globovisión, por tener posiciones críticas e independientes, no puede ser tildada de enemiga del estado”.

Otras instituciones han reaccionado ante la arremetida de Chávez contra la libertad de expresión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puso acento en las restricciones para acceder a información pública, y en el hecho de que las medidas de protección a favor de periodistas y medios (entre otros Globovisión) no han sido acatadas. Chávez le respondió en términos tan vulgares que omitimos, por respeto a los lectores. Sostuvo que la CIDH es de la OEA, y Venezuela podría “salirse” de ese organismo. Sería el primero y único país en apartarse voluntariamente de la OEA. El Parlamento Europeo (PE) expresó enorme preocupación por el deterioro de la democracia venezolana, “que se encuentra en grave riesgo de colapso debido a la concentración de poder y al autoritarismo creciente del presidente Chávez”. El PE expresa que la “legitimidad de origen” no avala la naturaleza democrática de un gobierno. Esa legitimidad tiene que estar avalada con un acatamiento respetuoso de la Constitución y del Estado de Derecho. Es evidente que cada día es mas voluminoso el expediente internacional que caracteriza el régimen de Chávez como un modelo neototalitario. (Venezuela Hoy, Abril 30 de 2009).