Octubre 16, 2009

Chávez está en campaña electoral. Insiste en obtener mayoría absoluta en la Asamblea Nacional (AN). Es el dato que apunta a unos próximos comicios, cuya fecha sólo él determinará. Fuentes oficiales han dejado trascender que  las elecciones para la AN serán en la primera semana de diciembre, pero el manejo de las autoridades electorales le permite fijar cualquier otra fecha, o sustituir las parlamentarias por una Asamblea Constituyente. Su interés –dicen los opositores- es tener un poder legislativo sumiso que le permita mantenerse como jefe de estado más allá del 2011, cuando de acuerdo con norma constitucional debe efectuarse la próxima elección presidencial. En función de ese objetivo, el evento y la fecha serán los que considere de mejor conveniencia. Juegan como factores determinantes el clima de opinión pública y la situación de la economía. Todas las encuestas, incluidas las del gobierno, evidencian un creciente descontento frente a la gestión oficial. El nivel de respaldo a Chávez viene debilitándose, incluso en sectores que tradicionalmente le han sido afectos. Según los analistas, la tendencia apunta hacia una ampliación del rechazo al gobierno.

Chávez recurre a su principal instrumento político: el gasto público. Aprobó para el 2010 un presupuesto de $80.000 millones. Su ministro de finanzas estima una producción petrolera de 3.100.000 b/d. Según analistas independientes la producción real gira alrededor de 2.700.000 b/d,  a lo cual hay que deducir el consumo interno, las entregas a Petrocaribe y  a Cuba. Se venden efectivamente 1.100.000 b/d. Para equilibrar el gasto sería necesario un precio cercano a los $100 p/ barril. PDVSA, cuya deuda es de $40.000.000.000, está emitiendo petrobonos, para pagar salarios y contratistas. Se cotizan en el 50% de su valor. La deuda pública total sobrepasa $100.000.000.000 y la política de más endeudamiento para cubrir los gastos previstos, encuentra un mercado saturado, con reducido espacio para los bonos. La última disposición del gobierno es imponerle a la banca cuotas obligatorias de crédito a determinados sectores, so pena de severas multas. Los bancos afirman no estar en condiciones de cumplirlas.

Opinión pública y escenario económico, llevarán a Chávez, -se dice- a convocar a consulta en el primer semestre del año. Ello sería posible dado el estricto control que ejerce sobre todos los órganos del Poder Nacional, entre los que se incluye el Consejo Nacional Electoral (CNE). Para ello han reformado la Ley del Sufragio con la que, entre otras cosas, se impide la representación de la sociedad civil y se incorporan como miembros del CNE a militantes del PSUV, no obstante que la Constitución Nacional lo prohíbe expresamente.  Los sectores democráticos amenazan con un gran frente nacional y candidaturas únicas, a conciencia de que enfrentarán un escenario de escandaloso ventajismo y recrudecimiento de la violencia contra toda disidencia. Chávez está dispuesto a que su revolución sobreviva a cualquier precio. Cree contar con los militares incondicionalmente.

FUERZAS ARMADAS COMO GUARDIA PRETORIANA

 La reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (LOFAN) y una nueva Ley de Conscripción Militar (LCM), aprobadas de contrabando, a espaldas de la opinión pública y de la propia institución castrense, “legalizan” la transformación del ejército en guardia pretoriana.  A la FAN se le había agregado el calificativo de “bolivariana”, en violación de la Constitución y no obstante el rechazo que tal propuesta tuvo en el referendo de diciembre de 2007. Ahora se autoriza el funcionamiento de un cuerpo armado, “la Milicia Bolivariana”, conformada por la “milicia territorial” y los  “cuerpos de combatientes”. La Milicia pasa a ser una unidad armada, el quinto componente de las Fuerzas Armadas. En el 2005 Chávez justificó la milicia como órgano encargado de reentrenar a los reservistas, o sea, los que han hecho el servicio militar, dándole carácter  complementario de la FAN en caso de conflicto. Los novedosos cuerpos combatientes –según la reforma- son unidades integradas por quienes laboran en instituciones públicas o privadas,  registradas, organizadas y adiestradas “con el fin de coadyuvar en la defensa integral de la nación”.  La conformación dada a la Milicia la convierte no sólo en unidad armada, al nivel de las fuerzas terrestres, navales y aéreas, sino como brazo armado de la revolución, con presupuesto propio, y dependiente directamente del Presidente. Queda facultada para labores de inteligencia en organismos públicos y privados, y en los consejos comunales. El proceso de admisión en la Milicia se remite a un reglamento que dictará Chávez, garantizando, como es obvio, un minucioso filtraje político, para asegurar un cuerpo armado absolutamente comprometido con su régimen.

La reforma copia el modelo cubano y facilita a los integrantes de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (paramilitares formalmente ilegales) el ingreso al quinto componente. Igualmente abre puertas a la participación de extranjeros, militares o civiles, en los cuerpos armados. La LCM obliga a inscribirse, desde los 15 hasta los 60 años, para recibir instrucción militar. Según los analistas, la nueva legislación tiene contenido geopolítico que derrumba las fronteras y  permitiría hacer realidad la Fuerza Armada del ALBA, sugerida por Chávez. Si se toma en consideración que hipotéticamente podrían integrarse las fuerzas armadas de Cuba y Venezuela, ellas se podrían constituir en una de las más poderosas del Continente. Esta podría ser una de las razones que ha generado el incremento del armamentismo en América Latina.

 La condición militar de su gobierno es cada vez más evidente. Entre sus colaboradores de confianza  2.200 provienen de los cuarteles y tienen como misión vigilar, supervisar y coaccionar a la burocracia civil.  El carácter castrense del gobierno, sustentado por el predominio de militares en la administración pública, tiene incidencia en la violación de los derechos humanos, afirma una especialista en defensa y seguridad nacional. Chávez no permite que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haga una visita in situ que investigue las numerosas denuncias sobre graves y continuadas violaciones ocurridas en los últimos años. El movimiento estudiantil está generando una intensa campaña para lograr la presencia de la CIDH. Uno de sus líderes se preguntó ¿Si no tienen nada que ocultar por qué no permiten que venga la Comisión?  La respuesta del régimen fue que no se permitirá la visita de la Comisión mientras formen parte de ella enemigos de la revolución bolivariana. Las fronteras venezolanas están cerradas a toda inspección sobre la materia, al punto que altos funcionarios de Human Rights Watch fueron violentamente expulsados, por haber ingresado al país para dar lectura, en rueda de prensa, a un informe sobre la situación venezolana.

OBJETIVO: MANTENER LA TENSIÓN EN LA REGIÓN

El escandaloso discurso antinorteamericano es un eje fundamental de la revolución bolivariana, en ello coinciden analistas nacionales y foráneos que estudian el Caso Venezuela. Michael Shifter, de Diálogo Interamericano, intervino recientemente en un foro realizado en Caracas, y opinó que Obama se mantiene informado sobre la situación venezolana, pero no tiene tiempo para la región, debido a los graves problemas internos que confronta y a las tareas que le demanda la política exterior. “Sólo podrá ocuparse de México y Brasil”. A Washington no le preocupa la retórica de Chávez, en tanto éste garantice una cuota importante del consumo petrolero.  Europa hace buenos negocios con Chávez y poco le inquietan sus métodos de gobierno. España representa una excepción, no de su gobierno sino de su gran prensa, donde a menudo se advierte el peligro de  desestimar el apoyo de Chávez a la narcoguerrilla colombiana y su empeño en alimentar conflictos que mantienen en tensión a la región suramericana.

En medios diplomáticos caraqueños se comenta que en la reciente visita del presidente ecuatoriano a Chávez, este le advirtió que le desagrada la reconciliación con Colombia y le reiteró su disposición de continuar prestándole apoyo. A ese efecto, le donó  6 aviones Mirage 50, supuestamente fuera de servicio. El asunto despertó polémicas. Correa explicó que según le informó Chávez, los aviones fueron totalmente repotenciados y reconstruidos. “Las observaciones a la donación obedecen a los intereses de quienes quieren separar a los dos países. Tenemos enemigos que tratan de romper nuestra unidad”. Negó que la donación suponga una alianza militar, aunque preguntó ¿Qué tendría de malo un acuerdo de ese tipo con una república hermana? En prensa colombiana se afirma que los Mirage van a ser incorporados a la Fuerza Aérea ecuatoriana.

Chávez mantiene congeladas las relaciones con Colombia, al punto de que los intercambios comerciales han caído a muy bajos niveles, con graves perjuicios para ambos países. Según El Tiempo, de Bogotá, en enero se lanzará en Colombia el partido chavista, para participar en las elecciones parlamentarias y presidenciales. Es la segunda fase –afirma- de un plan de asentamiento en Colombia de la ideología chavista, que empezó  en Cúcuta, desde donde se coordinan 16 sedes más, ubicadas en las principales ciudades. Uribe no ignora que Chávez financia tales actividades. En Aló Presidente, en  los programas de opinión de la televisora estadal y de  sus más allegados, como José Vicente Rangel, se reitera la acusación de que funcionarios y paramilitares colombianos se han involucrado en los intentos de magnicidio. “Colombia es un narcoestado”, sigue siendo estribillo en la voz del régimen. Los gobiernos de los estados Zulia y Táchira sostienen que la frontera es zona de alivio para la narcoguerrilla e investigadores privados venezolanos afirman que en gestiones encomendadas por familiares de secuestrados, han pagado elevadas sumas para el rescate a representantes de las FARC.

La política de Chávez de establecer las llamadas “bases de paz” en la región, ha provocado duras reacciones de diferentes gobiernos, entre otros, Perú, Guatemala y Costa Rica. Oscar Arias expresó que su país no admite una eventual injerencia de Chávez en los asuntos internos de Costa Rica.