Noviembre 17, 2009

“No perdamos un día en nuestra principal misión: prepararnos para la guerra”, afirmó Chávez, en una incendiaria referencia al conflicto con Colombia. Hizo un llamado a Barak Obama para que se abstenga de una agresión abierta contra Venezuela, usando a Colombia. “Comenzaría la guerra de los 100 años y se extendería por todo el continente”. Según diarios de Bogotá,  es “preocupante” la amenaza de guerra pues siguen a los hechos de violencia de las últimas semanas y a la movilización de tropas a la frontera, ordenada por Chávez. La crisis binacional está punto de ingresar en una nueva etapa, la de su internacionalización, editorializó  El Tiempo. “Han sonado las campanas de alarma”. El Congreso colombiano tomó en serio el asunto, y citó a varios ministros “para que informen sobre las medidas adoptadas tras los anuncios guerreristas del presidente Chávez”. En sesión de carácter privado, el Congreso quiere conocer la capacidad disuasiva del país para impedir o repeler un posible ataque de Venezuela, las defensas aéreas con que cuenta Bogotá y el armamento blindado disponible ante una avanzada mecánica en La Guajira. El gobierno pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estudiar las amenazas de Chávez., por considerarlas violatorias de la Carta de la ONU y atentatorias contra la paz en la región. La embajadora de Bogotá ante ese organismo multilateral entregó una nota diplomática al Presidente del Consejo, pidiendo que todos los países miembros conozcan en detalle la situación. La nota también reseña que Caracas se ha negado a explicar el asesinato de por lo menos ocho ciudadanos colombianos en territorio venezolano. El canciller Maduro dijo que el pedimento de elevar el caso al Consejo de Seguridad había sido minuciosamente evaluado y que  no tendrá ningún efecto, “es el guión de una guerra sucia contra nuestro presidente”.  Prensa zuliana reportó con gráficas la movilización de tanques, carros blindados y artillería autopropulsada hacia el fuerte militar Mara, situado en la frontera con Colombia. Diarios de Bogotá afirmaron que era otra página en el expediente belicista de Chávez.

Internacionalmente las amenazas impactaron. El Congreso brasileño aplazó el debate sobre el ingreso en MERCOSUR de Venezuela, por “su actitud guerrerista”. Marco Aurelio García, el principal asesor  en política exterior de Lula, le expresó que convenía un pacto de no agresión y vigilancia conjunta de la frontera común, al que Brasil ayudaría con medios técnicos. Chávez rechazó la propuesta brasileña. En Madrid, ante la sugerencia de gestiones para que Rodríguez Zapatero renovara la disposición española a mediar, El País editorializó mostrando acuerdo, sin dejar de dar lectura al hecho de que “el presidente venezolano se ha pasado de la raya, prepara la guerra, acusando a Colombia de propósitos agresivos”.

Chávez, en una manifestación de sus partidarios, sostuvo que las bases yanquis hacen espionaje electrónico y “planifican la manera de neutralizar nuestros aviones de combate”. Analistas  se preguntan si  estamos ante una de las usuales tretas del presidente para distraer a la población de los graves problemas que la afectan, o ante una peligrosa realidad geoestratégica conducente a provocar un conflicto continental de grandes magnitudes.

VIOLACIÓN DE DERECHOS CIVILES

El estado venezolano admitió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que aproximadamente 2.240 personas han sido sometidas a procesos penales por manifestar públicamente en reclamo de sus derechos. Lo hizo el representante del régimen, en audiencia  solicitada por ONG  del país, a la CIDH para denunciar la criminalización de la protesta. Dio como justificación que Chávez debe  garantizar la paz y la seguridad social. Los personeros de las ONG más representativas precisaron que entre 2008 y 2009  se produjeron 2.893 manifestaciones pacíficas, que la Constitución establece  el derecho de los ciudadanos a manifestar pacíficamente y sin armas, no obstante lo cual se ha dictado una ley que penaliza las manifestaciones aun cuando sean pacíficas. Denunciaron igualmente el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas contra manifestantes, lo que expresamente prohíbe la Constitución, y que en varias ocasiones el presidente Chávez ha felicitado a la policía y a la guardia nacional cuando reprimen o disuelven cualquier expresión de disidencia.

En el curso del presente año las ONG registraron 165 ataques contra periodistas y medios de comunicación. “2009 es el año de más violencia contra la prensa”. Advierten que el futuro inmediato es poco alentador, en razón de que Chávez, en sus arengas hace referencia a las próximas elecciones y llama a enfrentar “la conspiración mediática” de la oligarquía pitiyanqui que intenta desestabilizar su gobierno. Las víctimas más frecuentes de las  agresiones son los reporteros de televisión. Las amenazas a la vida y a la integridad personal abarcan 46% de los casos registrados, con saldo de tres periodistas muertos. La mayoría de los casos registrados permanecen impunes, la Fiscalía tiene instaurados juicios contra 14 medios o periodistas acusándolos de dañar la reputación de funcionarios públicos. La Sala Constitucional decidió que en materia de derechos humanos privan las leyes nacionales sobre los tratados internacionales suscritos por la República.

La asamblea general de la  Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada en Buenos Aires, conoció y dio respaldo al informe presentado por David Natera, presidente del Bloque de Prensa Venezolano (BPV), en el cual se denuncia que Chávez prosigue en su proyecto de consolidar la hegemonía comunicacional del gobierno, al punto que actualmente tiene a su disposición 731 medios: 238 emisoras de radio, 28 televisoras, 340 diarios, semanarios y revistas, y 125 páginas Web, aparte de las cadenas de radio y televisión, todo ello dedicado a la propaganda ideológica. “Venezuela vive una permanente confrontación entre la realidad del país y lo que Chávez intenta imponer como verdad”. Natera denunció también la “eliminación progresiva” de los medios independientes y puso como ejemplo la salida del aire de 34 emisoras radiales, las amenazas que pesan sobre 29 mas y sobre la televisora Globovisión. Alertó sobre la propuesta de una ley de justicia popular con jurisdicción penal, civil, militar y de menores, que asigna a los consejos comunales competencia para intervenir en los procesos y sancionar jueces. La SIP se mostró preocupada por el surgimiento, en el continente de medidas y leyes contra la libertad de expresión, inspiradas en el ejemplo venezolano. El Instituto Internacional de Prensa (IPI), con sede en Viena, que agrupa más de cien países, decidió enviar una misión investigadora pues le “preocupa muy seriamente” la situación de la libertad de prensa. El director  del IPI dijo que la misión se propone advertir al gobierno que la legislación lesiva a la libertad de expresión que ha dictado,  contradice los estándares internacionales.

CAOS DE LA ECONOMÍA

Las libertades económicas no sólo están limitadas, sino que cada día se restringen más. Conforme al Índice de Libertad Económica, elaborado conjuntamente por la Fundación Hermitage y el diario Wall Street Journal, Venezuela ocupó el lugar 174, entre 183 países evaluados. Las mencionadas instituciones toman en cuenta, para la realización del Índice, seis áreas de la economía: comercial, internacional, fiscal, monetaria, financiera y laboral. También evalúan el tamaño del estado, la libertad de inversión, los derechos de propiedad y el grado de corrupción. Sus datos coinciden con los de Libertad Económica del Fraser Institute y el de Calidad Institucional del Policy Network. Los analistas coinciden  en que los factores que influyen en la evaluación negativa de Venezuela son, entre otros,  el exceso de controles, las leyes que limitan la libertad de inversión, la ausencia de instituciones confiables, la corrupción, los ataques permanentes a los derechos de propiedad (expropiaciones) y la inflación.

Tal escenario explica la caída abrupta de la inversión privada y sus consecuencias. Los expertos señalan que la economía se desacelera velozmente y que las medidas tomadas por el gobierno son contraproducentes. Chávez anunció que el Banco Central (BCV) financiará directamente  proyectos agroindustriales, construcción de viviendas, manufactura y otros sectores. El presidente del BCV  informó que el organismo aportará el dinero  para los proyectos bajo la figura de créditos. Se apela a la peligrosa artimaña de fabricar dinero, pues el BCV a diferencia de una entidad financiera común, no recibe depósitos de personas y empresas. El dinero fabricado por el BCV, al ser invertido por quienes lo reciben, se multiplica en el torrente circulatorio, exacerbando la inflación. Un exgerente del BCV, apoyado en los datos oficiales en cuanto a liquidez, y el dinero base creado por la institución, precisa que por cada bolívar que origina el BCV se realizan pagos por 2,67 bolívares. Agrega que parte del dinero que ingrese puede dirigirse a la compra  de dólares, aumentando la presión sobre el mercado paralelo de divisas. “La mejor manera de debilitar a una moneda es que haya una oferta excesiva de la misma y pocos bienes para ser comprados, porque los precios suben y el dinero pierde su valor”. Desde la oposición manifiestan que  Chávez no tiene conciencia de la realidad y cree que con mucho dinero en la calle y las misiones vendiendo alimentos importados, generosamente subsidiados, podrá frenar el creciente deterioro que confronta en la opinión pública. “En su entorno nadie le explica la catástrofe  que significa convertir fábrica de billetes en motor de la economía”.

El presupuesto finalmente aprobado para el 2010 subestima el precio del petróleo. La mayoría de las estimaciones internacionales ubican el precio promedio del WTI en $78 el barril, lo que implica $72 para la cesta venezolana. El propósito es que los ingresos excedentarios puedan satisfacer los cuantiosos gastos que Chávez maneja con su “chequera” y los que ordena mediante créditos adicionales. En el año actual el ingreso petrolero resultó insuficiente para el volumen de los gastos nacionales e internacionales. El Ejecutivo compensó el déficit con la emisión de bonos, no sólo por el gobierno central sino también por PDVSA, que confronta serios problemas de caja. Para el cierre del año la deuda global del sector público asciende a cien mil millones de dólares. “Chávez ha sido para Venezuela como uno de los terribles tsunamis del Pacífico a cuyo paso sólo queda desolación”, concluye uno de nuestros analistas.