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Febrero 17 , 2010
Complicada la situación de Chávez
Tengo 55 años y 11 años de presidente. En los próximos
11 años prometo cuidarme un poco más, tendré 66 años,
Dios mediante, y 22 de presidente. Y en los otros 11
años después ya no quiero ni pensar, porque tendré 77
años y 33 de presidente. Sería como demasiado tiempo,
¿No les parece?", preguntó Chávez en una reciente
asamblea de sus partidarios. Es la reiteración de lo
planteado en diversas oportunidades. En uno de los
últimos Aló Presidente habló de tres etapas
pendientes en la consolidación del proceso: la primera
de diez años; la segunda de otros diez, y la tercera de
otros diez. Conmemoró el 18º aniversario del 4 de
febrero de 1992, bautizando el golpe de estado que
encabezó en esa fecha como Día de la Dignidad Nacional y
prometió conmemorar, como fecha histórica el 17 de
diciembre de 2030, bicentenario de la muerte de Bolívar.
Desde su elección (1998), es evidente que su objetivo es
mantenerse en el poder indefinidamente. Un analista
afirma que desde su regreso al poder, cuando superó la
rebelión cívico militar de 2002, la situación política,
económica y social se le está complicando en términos
dramáticos. Chávez entiende la dimensión de la crisis,
pues los síntomas de malestar ciudadano son
inocultables. Al repudio de la clase media se suma la de
chavistas inconformes, que participan casi a diario en
manifestaciones de calle que pocas veces son objeto de
violencia policial. Los medios independientes coinciden
en que al interior del régimen parece anunciarse un
volcán: renuncia del Vicepresidente y ministro de
Defensa, a la cual han seguido cambios semanales de
ministros; malestar en densos sectores de la Fuerza
Armada; cancelación imprevista del viaje a Quito para
estar presente en la reunión de Unasur. En las cadenas
de televisión, frecuentes por dos y hasta tres veces al
día, en horas inusitadas, es fácil apreciar preocupación
y angustia en el gesto y el discurso. Una de sus mayores
inquietudes son las encuestas. En la gubernamental de
finales de enero, cuyas cifras fueron filtradas a la
prensa, 72% rechaza la reelección en el 2012 y 88% la
culminación del mandato presidencial más allá del 2021.
Una abrumadora mayoría es contraria a la presidencia
perpetua y al modelo comunista que pregona Chávez.
Los analistas atribuyen el escenario a la confluencia en
las últimas semanas de factores nuevos: devaluación de
la moneda, problemas en el abastecimiento del agua y la
crisis eléctrica, reconocida por Chávez como de extrema
gravedad, al punto que el servicio de electricidad se
suspende varias horas en el interior y se fijaron
tarifas exorbitantes para la capital, especialmente para
la industria, los centros comerciales y las zonas
residenciales. Los empresarios anunciaron que las
tarifas les obligan a paralizar actividades y en
Caracas, apenas la gente muy adinerada podrá cancelar la
facturación anunciada. La devaluación, según
economistas, tendrá como consecuencias, acelerar la
inflación, actualmente 35%, la más alta de Latino
América. The Economist prevé para el 2010, una
caída de 3.4% en el Producto Interno Bruto (PIB) con
naturales efectos en la tasa de desempleo. El agua está
siendo racionada y a veces suspendida por varios días.
Según la oposición, a Chávez le aparecieron gigantescas
piedras de tranca en su aspiración de conservar el poder
indefinidamente.
LA
DRAMÁTICA CRISIS ELÉCTRICA
La extrema gravedad de la crisis eléctrica fue
reconocida por Chávez en una aparición imprevista en la
televisión, donde anunció la constitución de un
alto mando para dar la batalla.
Lo forman varios de los Ministros, que en su mayoría se
han rotado las carteras desde hace 11 años. El Decreto
de Emergencia publicado al día siguiente, autoriza al
Ministro Alí Rodríguez Araque para dictar por vía de
excepción “medidas espacialísimas que considere
pertinentes para garantizar el suministro eléctrico”.
Chávez afirmó que “si alguien tiene la culpa de la
crisis eléctrica son los escuálidos, que gobernaron 50
años y no hicieron nada para que el país tuviera
estructuras adecuadas para el tema eléctrico”. Lo cierto
es que durante la segunda mitad del siglo XX Venezuela
era el país latinoamericano que había proyectado y
ejecutado mejor un plan de desarrollo eléctrico, y que
su gobierno había echado al cesto de los papeles los
proyectos existentes, necesarios para conservar en
niveles óptimos los logros del sistema y las
proyecciones del consumo por razones del crecimiento
demográfico. Recordaron que era justamente Rodríguez
Araque, quien ejerció el Ministerio de Energía al
inicio del régimen, el responsable principal de que se
hubiese paralizado la realización del plan encontrado al
recibir el despacho. El exministro José Curiel refutó
las afirmaciones de Chávez de que los gobiernos
democráticos no hicieron lo suficiente para mejorar la
infraestructura eléctrica. Dijo que de las 99 represas
que tiene el país, 81 fueron construidas entre 1960 y
1998, varias para generación eléctrica. En 11 años
Chávez apenas inició la construcción de dos, y todavía
no las ha terminado. La causa de la crisis según Curiel-
es la precariedad en las inversiones de mantenimiento,
al punto que en los últimos 4 años se incorporó apenas
el 30% de los 5.500 MW que debían añadirse a la red
nacional, con una decena de proyectos retrasados o
paralizados. Señaló las dos centrales hidroeléctricas y
las cuatro plantas termoeléctricas, cuyo atraso en la
construcción es notorio. En Barinas, de donde es nativo
el Presidente, la planta hidroeléctrica inconclusa no ha
podido comenzar a producir energía.
Según coinciden expertos tanto gubernamentales como
opositores e independientes, Venezuela podría ver
desconectado de un día para otro más del 40% de su
energía eléctrica, “cuando ya no llegue suficiente agua
para mover las turbinas del complejo hidroeléctrico del
Guri, el mayor del país, y cuyo nivel de embalse se
reduce a razón de 12 centímetros por día”. Las turbinas
del complejo se detendrán cuando el nivel de la represa
baje de la cota crítica de 240 metros sobre el nivel del
mar, y podrían permanecer detenidas por meses,
advirtieron especialistas e informes oficiales. La
estatal Corporación Eléctrica Nacional, en un reporte de
diciembre, advirtió que “estaríamos enfrentando una
severa crisis energética en 120 días, llevándonos a un
colapso eléctrico nacional”. La emergencia ha obligado
al gobierno a ordenar cronogramas de recortes en todo el
país. Los recortes resultaron tan impopulares, que el
gobierno los suspendió en Caracas, pero elevando las
tarifas en tal forma que para numerosos centros
comerciales e industriales la alternativa puede ser el
cierre y para la clase media de las zonas residenciales
impagables, al menos para un 80%. Los economistas opinan
que el recorte puede producir un impacto negativo de 20%
del PIB. Los empresarios advierten que se verán
obligados a cerrar sus puertas, lo cual generará efectos
en el abastecimiento de rubros de consumo y en el
empleo. “Una potencial debacle no tiene remedio
inmediato e impondrá tremendos sacrificios”. El tema
constituye un duro impacto político para el gobierno por
los efectos en las elecciones parlamentarias de
septiembre.
CUBA
INVADIÓ A VENEZUELA SIN DISPARAR UN TIRO
Chávez anunció la llegada del comandante Ramiro Valdez,
vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba, al frente
de una comisión de expertos eléctricos. La visita de
Valdez, fue objeto de rechazo y críticas de la
oposición, cuyos voceros recordaron que dirigió el
aparato represivo de Castro durante 25 años, que como
jefe del G2 comandó fusilamientos y en el ministerio del
interior fue artífice de leyes contra la disidencia,
entre ellas el Índice de Peligrosidad Social,
con el cual se confina en prisión a los sospechosos de
atentar contra el sistema. Chávez expresó que Valdez
tenía credenciales para asesorar en la crisis eléctrica
por su condición de presidente del Grupo Industrial para
la Electrónica. Le replicaron que actualmente es
Ministro de Comunicaciones e Informática y hay derecho a
sospechar que esa es la materia verdadera de su
asesoramiento. Entre 2008 y 2009, técnicos cubanos
instalaron unas 30 plantas eléctricas en diversas zonas
del país, que resultaron ser de vieja tecnología y de
poca duración, que “operan con altos costos porque
queman mucho gasoil”, según exfuncionario de la oficina
que controla la red eléctrica nacional. Indicó que las
plantas cubanas son adquiridas en otros mercados y
vendidas a Venezuela. En reciente operación Chávez se
obligó a financiar la planta de fuel oil en Holguín, por
un monto de $ 169.96 millones. “La nueva planta de
Holguín producirá una energía similar al racionamiento
que se le está imponiendo a Caracas”, denunció un líder
de oposición. Interesante paradoja, afirmó un experto:
la economía de Venezuela cayó un 2.3% mientras que la de
Cuba creció entre un 1% y 1.7%, y la CEPAL, manejando
cifras del 2009, prevé para el 2010 un crecimiento del
2% para Venezuela frente a 3% en Cuba.
La prensa internacional muestra especial interés por lo
que está ocurriendo. El País, de Madrid, en
editorial titulado Chávez recurre a Cuba
expresa preocupación por el empeño de Chávez en
colocarse bajo la dependencia de La Habana. Para The
Economist, con Chávez en el poder, Cuba ha alcanzado
su meta de invadir a Venezuela sin disparar un tiro.
Diarios de ambos continentes manifiestan sorpresa por el
rechazo a la oferta colombiana de suministrar energía
para superar el déficit de electricidad. “Yo creo que el
pueblo venezolano –dijo el ministro colombiano de Minas
y Energía- está pasando por una situación difícil por el
racionamiento acordado, y nosotros le ofrecemos
colaboración.” La respuesta de Caracas la dio el recién
nombrado vicepresidente, Elías Jaua, quien declaró que
el gobierno está ocupado y trabajando para generar su
propio sistema eléctrico, “por lo que no es necesario el
ofrecimiento colombiano”.
La opinión internacional cada día es más crítica de
Chávez. El Parlamento Europeo considera que persigue el
control y amordazamiento de los medios de comunicación,
cercena la libertad de expresión e información, sin
respeto al pluralismo político e ideológico. Señala que
el gobierno infringe sistemáticamente la Constitución y
todo el orden jurídico. Precisa que el país no cumple
con los convenios internacionales que le imponen respeto
a los derechos humanos. No basta alegar apoyo popular.
La legitimidad democrática se cumple en el ejercicio,
acatando los principios y valores de la democracia. Los
parlamentarios europeos sintetizan en su resolución lo
que el mundo opina sobre Chávez, poniendo de manifiesto
que el rechazo a su régimen es tanto nacional como
internacional.
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