El Informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, publicado por la Comisión Interamericana  de Derechos Humanos (CIDH) es, por su origen y objetividad, un documento histórico, afirman los dirigentes de ONG que se ocupan del tema. Expresa que en aras de la realización de los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela, no puede sacrificarse la vigencia de otros derechos fundamentales: “Los derechos humanos constituyen un todo indisoluble y, conforme señala la Convención Americana en su preámbulo, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”. Adelantándose a la propaganda internacional que alimenta los petrodólares, sobre una supuesta política social en beneficio de los pobres, el gobierno no puede menoscabar o dejar de promover  garantías como el derecho a la vida, a la igualdad y a la libertad de expresión, afirma la CIDH. En el reporte también se denuncian vulneraciones a garantías como el derecho a la vida, por medio de los ajusticiamientos policiales y la creciente inseguridad; a la libertad de expresión, el cierre de RCTVI, los amagos de igual medida contra Globovisión, la revocatoria de los permisos para trasmitir a 30 emisoras y la amenaza contra otras 200;  juicios y encarcelamientos de periodistas; agresiones contra comunicadores y acoso gubernamental a los diarios independientes. Capítulo especial le merece a la CIDH la situación del poder judicial, controlado totalmente por el oficialismo, y en términos generales, la precariedad del estado de derecho. El Informe destaca como extremadamente grave, la impunidad por la violación de derechos humanos. Las víctimas recurren inútilmente ante los tribunales, que encuentra sin fundamento las denuncias o no se pronuncian.

Es el segundo Informe que la CIDH dedica a Venezuela en los últimos 10 años. El primero fue publicado en 2003, luego de la visita in loco que el organismo realizó al país en el 2002. El argumento más contundente sobre la veracidad de la visión que la CIDH tiene de lo que ocurre en el país, es la negativa a una nueva visita in loco, que le permitiría al gobierno desmentir o aclarar lo que estime pertinente. Chávez se niega a permitir la nueva visita con el argumento de que es un organismo controlado por EE.UU. Al segundo informe lo calificó de ignominioso, poniendo en duda la valía moral de la Comisión.  “No vale la pena responderle a esa gente. Es una basura del imperio para aislar y desestabilizar mi gobierno”. Sobre el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón,  dijo que “es excremento puro” Nosotros lo que debemos hacer –expresó- es denunciar el acuerdo por el cual Venezuela se adscribió a esa Comisión y salirnos de la OEA. The Washington Post censura el silencio de los países vecinos ante el contenido del Informe y la declaración de Insulza que se limita a tomar distancia, porque aspira al apoyo de Chávez para continuar en el cargo de Secretario General.

CASOS EMBLEMÁTICOS

Las universidades y los estudiantes ocupan primera fila entre los que  Chávez considera enemigos del proceso. Los estudiantes siguen haciendo manifestaciones a pesar de que  son agredidos violentamente por bandas chavistas, detenidos por la policía y sometidos a los tribunales, apelando a leyes recién promulgadas, que incriminan la protesta. Objeto especial del odio de Chávez es la Universidad Central, que en buena medida las simboliza a todas. El recinto universitario es objeto de toda clase de violencias, que han culminado con un atentado contra la rectora, Cecilia García Arocha. Un grupo de encapuchados realizó 17 disparos a las ventanas del Rectorado, salvando la vida García Arocha por encontrarse ausente de su despacho. En compañía de las autoridades y los Decanos de facultad, convocó una rueda de prensa para anunciar que acudirían a la UNESCO a denunciar las agresiones contra los símbolos y espacios de la Ciudad Universitaria, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. “La medida es por el estado de indefensión que vive la comunidad ucevista ante la indiferencia de las autoridades para  establecer responsabilidades en las  agresiones y daños causados a la Universidad”. La rectora denunció el atentado ante la Fiscalía, que comprobó los daños causados por los disparos, pero no dictó medidas eficaces para determinar la autoría alegando que la Rectora no identificó a los autores de la salvajada.

Otro caso que ocupó primera plana en los diarios, sobre violación de derechos humanos, fue la demanda introducida por médicos cubanos que afirman haber sido sometidos a esclavitud en Venezuela. Argumentan que vinieron a trabajar en Barrio Adentro en condiciones de “esclavos modernos”. Lograron salir del país y refugiarse en Miami, donde introdujeron una demanda ante una Corte Federal, señalando que el convenio cubano-venezolano los colocó en condición de “servidumbre por deuda.” Sus servicios eran pagados por Pdvsa al gobierno cubano. Analistas confiables estiman en $3.000 el pago que se hacía por cada “esclavo de bata blanca” en tanto, ellos recibían en Venezuela unos $300,  siendo obligados, además, a labores como promotores políticos. Dicen que vivían hacinados en residencias alquiladas o en casas de personas afectas al chavismo y trabajaban sin la debida licencia para ejercer la medicina en Venezuela. Aseguraron que se les impedía establecer relación con personas consideradas como “problemáticas” por su posición política, y que en caso de hacerlo eran regresados a Cuba o trasladados a zonas inhóspitas. El jurista que los asiste, hizo hincapié en que “el convenio de los gobiernos de Cuba y Venezuela sobre los médicos constituye una flagrante confabulación comparable al comercio de esclavos en la América colonial”. Los demandantes exigen ser resarcidos por los daños y perjuicios sufridos, y según su apoderado, que alega jurisprudencia sobre indemnización a cubanos que fueron enviados a trabajar bajo condiciones inhumanas y degradantes, al decidir la Corte la procedencia del reclamo podría declararse la congelación de bienes de Pdvsa, en virtud de la relación de trabajo con la empresa que pagaba sus salarios.

Teodoro Petkoff, al comentar la muerte en Cuba de Orlando Zapata, el preso político que se había declarado en huelga de hambre, se pregunta ¿Qué pasa con Franklin Brito? Se trata de un agricultor que se declaró en huelga de hambre como medio para que le restituyeran la propiedad de una pequeña finca. Fue secuestrado, conducido por la fuerza a un hospital militar donde le inyectaron drogas y sometieron a un tratamiento psiquiátrico. Allí lo tienen, considerado como demente porque en la huelga estuvo a punto de fallecer.

 EL CONFLICTO DE CHÁVEZ CON COLOMBIA

Las relaciones entre Colombia y Venezuela, después de Uribe, es un tema que abordan los analistas de ambos países. Coinciden en que seguirán siendo tensas pues para Bogotá y Caracas son claras las razones del conflicto. Colombia tiene la convicción de que Chávez es el colaborador más importante de la guerrilla, y Chávez proseguirá invariable el proyecto de expandir la revolución bolivariana al vecino país. El último enfrentamiento entre los dos gobernantes se produjo en la reunión de Unasur, en Cancún. Fuentes creíbles confirmaron que entre ambos mandatarios se produjo una discusión acalorada cuando Uribe comparó el bloqueo de EE.UU. contra Cuba con el trato dispensado por Venezuela a empresas colombianas. Según fuentes colombianas, Uribe hizo una observación, ante lo cual Chávez le gritó, “vete al carajo”, Uribe reaccionó, indignado, y  le dijo: “Sea varón. Los problemas del comercio internacional debemos discutirlos en estos foros. Usted es valiente para hablar a distancia y cobarde para hablar de frente”. En Cancún fue creado un grupo para gestiones de mediación entre ambos países, y uno y otro mandatario han expresado que quieren superar los efectos del altercado. Intereses mutuos: Venezuela necesita comprar electricidad y Colombia mejorar sus exportaciones. Más allá de relaciones pragmáticas el diferendo actual es que, según Chávez, desde las bases colombianas EE.UU. prepara una invasión para derrocarlo y frenar la revolución, y según Uribe, el acuerdo que da acceso a militares estadounidenses a siete bases de Colombia, es una valiosa cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. La salida de Uribe del Palacio de Nariño no significará el final de la crisis.

Durante los últimos meses se han registrado asesinatos de colombianos en territorio venezolano, acusaciones de espionaje, detenciones de funcionarios de seguridad de ambos países, la destrucción de puentes artesanales en la frontera binacional, sobrevuelos de naves militares venezolanas en la ciudad fronteriza de Arauca, entre otros. Según El Espectador, de Bogotá, las fuerzas militares de Colombia están identificando  blancos  de posible ataque venezolano a Colombia, después que Chávez advirtió que “el país debe prepararse para la guerra”. El mismo diario atribuye a fuentes militares la afirmación de que “nuestras tropas combaten todo el año y está preparadas para resistir”. El ministro de Defensa colombiano, pidió que las autoridades venezolanas capturen y entreguen a los guerrilleros que están en el país, tras asegurar que cerca de quince jefes de las FARC operan desde la frontera. Caracas respondió que son señalamientos gratuitos, sin ninguna prueba”.  Silva, según Chávez, es “un retardado mental”.  La prensa española informa que se abrió un proceso contra  miembros de ETA y de las FARC por querer asesinar a Uribe y que en ello estaba involucrado el gobierno venezolano.