Marzo 16, 2010

Chávez afirmó que ha tomado medidas para enfrentar los problemas de electricidad. “Garantizo que estamos blindados ante la amenaza de una crisis en el sector”. La opinión de los técnicos es que no hay soluciones a corto plazo y que la falta de racionalidad en los programas de ahorro y los cortes intempestivos de luz, amenazan con un desplome de la economía. El gobierno da múltiples explicaciones, entre otras, desidia de los gobiernos anteriores, El Niño, el sabotaje ejecutado por la oposición golpista y el imperialismo. Los gobiernos que precedieron a Chávez apostaron en el sistema hidroeléctrico el desarrollo futuro del país, con cuatro grandes represas, el Guri la mayor de ellas, alimentadas por el río Caroní, con capacidad para generar el 70% de la demanda nacional. Con Chávez se ha permitido y estimulado el desarrollo minero en la propia cuenca del río, afectando los recursos hídricos del sistema, cuya consecuencia ha sido más dañina que la incidencia de El Niño. Los analistas agregan que la abundancia de recursos hídricos en la región estimuló grandes inversiones, en la segunda mitad del siglo XX, especialmente con un ambicioso proyecto en el área de la industria metal-mecánica.. Para ese momento el Guri era el proyecto hidroeléctrico más grande del mundo y la obra de ingeniería más importante en la historia del país. Los gobiernos civiles pusieron el acento en la protección ecológica de la región, con énfasis en la cuenca del Caroní. Para el ambientalista Alexander Luzardo, la zona protegida abarca más de 7 millones de hectáreas, “es el gran capítulo de planificación que legó el periodo democrático, y sin eso no habría represa”. Denuncia que el gobierno de Chávez ha propiciado la explotación minera en la sierra de Imataca en todos los niveles; por demagogia populista en cuanto a la pequeña minería, y para complacer, en lo que respecta a la mediana y gran minería, a empresas rusas y brasileñas con tecnologías devastadoras de las reservas forestales.

La revolución ha llamado a la formación de comunas socialistas, lo cual ha permitido un aumento significativo de la actividad artesanal, con  presencia de 30.000 mineros, que utilizan técnicas rudimentarias en la búsqueda de oro y diamantes, agravando los daños ecológicos. Alegan cumplir con las formalidades legales: propiedad social de la tierra, trabajo colectivo, el resultado de la producción pertenece  a la comuna, que gestiona su comercialización y repartición, el consejo comunal planifica, elabora proyectos, gestiona financiamiento y administra los servicios. En Aló Presidente han sido señalados como ejemplo de venezolanos leales a la revolución, que han establecido el poder popular poniendo fin al aprovechamiento de la riqueza regional por la burguesía. La oposición afirma que la permisividad y demagogia oficiales son determinantes en la caída del Guri, cuyo nivel se reduce cada día, aproximándose a la  cota crítica, con riesgo inminente de paralizar  las turbinas del complejo y por tanto el suministro de electricidad a gran parte del país. Chávez dice que pronto lloverá, porque Cristo es socialista. “Podría llover y recuperarse el Guri pero con ello no se solucionará la crisis eléctrica: por los daños ambientales en el Caroní y porque el gobierno no ejecutó ninguno de los proyectos alternos elaborados por administraciones anteriores”. Lo que se avecina es noticia cotidiana en los medios, pues la crisis eléctrica, sin solución a corto plazo, conllevaría un colapso de la economía.

ILÍCITA COLABORACIÓN CON LAS FARC Y ETA

El Juez español Eloy Velasco acusó a Chávez de amparar una alianza estratégica ETA-FARC, que podría llevarlo a la Corte Penal Internacional. La promoción del juicio correspondería a la Audiencia Nacional, cuyo Juez Central de instrucción, Velasco, hizo público un informe que describe el historial de colaboración que ha prestado a las organizaciones terroristas, acreditado con documentos oficiales, testimonios de guerrilleros desmovilizados y archivos informáticos hallados en la célebre computadora de Raúl Reyes.  El magistrado da por cierta “la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y ETA”, con varias referencias a  campamentos de las FARC en suelo venezolano, donde miembros de la ETA entrenan a los de las FARC, quienes se desplazan  en el territorio nacional escoltados por funcionarios de inteligencia militar. Uno de los etarras procesados, Arturo Cubillas, ha ocupado altos cargos en el gobierno desde que Chávez llegó al poder, ha sido uno de los principales responsables de las actividades de la banda terrorista en Sur América y coordina las reuniones ETA-FARC. El Juez cursó a INTERPOL órdenes internacionales de captura contra varios terroristas, entre otros, Cubillas, presuntamente ocultos en Venezuela. Si son detenidos el juez solicitará al gobierno español que inicie los trámites para la extradición. Se le imputa haber conspirado con las FARC para asesinar al presidente Uribe, al expresidente Andrés Pastrana, la exembajadora Noemí  Senin y al exministro Juan Manuel Santos, entre otras  personalidades del vecino país. La esposa de Cubillas, Goizeder Odriozola, igualmente ha sido funcionaria gubernamental. Diarios madrileños dan cuenta que Andoni Zengotitabengoa, miembro de ETA, fue detenido en el aeropuerto de Lisboa, con pasaporte falso y un pasaje para viajar a Venezuela. Figura en la lista de los terroristas más buscados por la Guardia Civil española, al igual que Cubillas, “la persona clave en la cooperación ETA-FARC”.

Diarios del mundo entero publican cotidiana información. The New York Times pone énfasis en las actividades de Cubillas y Odriozola. Otros medios de EE.UU. y Europa recogen declaraciones de funcionarios norteamericanos, quienes manifiestan preocupación por los “indicios” que apuntan a que Venezuela podría estar brindando apoyo a la alianza de ETA con las FARC. Senadores han pedido que Venezuela sea incluida en la lista negra de países patrocinadores del terrorismo y el exembajador Otto Reich insistió en que EE.UU. debería dejar de comprar petróleo venezolano, por que al hacerlo está “subsidiando el terrorismo de Hugo Chávez, dentro y fuera de Venezuela”. Los medios hispanos  exigen solicitar explicaciones a Chávez. Fernández de la Vega,  vicepresidenta del gobierno español, declaró que esperan la máxima colaboración del gobierno venezolano en el proceso iniciado por la Audiencia Nacional. La Moncloa publicó un comunicado, haciendo constar que Venezuela se había comprometido a colaborar en los ámbitos “judicial y policial”  y anunció que el director general de la policía española viajará a Venezuela. Para España es prioridad la liquidación de ETA y para Colombia el enfrentamiento con las FARC. Las elecciones parlamentaras colombianas apuntalan la candidatura presidencial de Santos, quien considera a Chávez “como amenaza para la paz del continente” Corresponsales extranjeros pidieron a Chávez que opinara. Enfurecido, expresó que no contesta “estupideces”. Defendió a los etarras, asegurando que no participan en actividades terroristas. El expediente que instruye la Audiencia podría encontrar en La Moncloa a los populares, quienes no comparten esa especie de complicidad  con Chávez que inspira al canciller Moratinos. En el futuro próximo, Chávez podría llevarse la sorpresa de que un nuevo gobierno español promueva su enjuiciamiento ante la Corte Penal Internacional.

LA REALIDAD ELECTORAL

Chávez puede perder las elecciones y mantener una mayoría apabullante en el parlamento que debería elegirse el próximo septiembre, aun cuando el acto de votación tenga el visto bueno de los observadores internacionales. Es la conclusión de un estudio elaborado por expertos independientes, quienes examinan el nuevo escenario electoral propuesto por técnicos del partido oficial y convertido en reglamento por un Consejo Nacional Electoral (CNE) sometido a disciplina cuartelaria por el régimen. Aun cuando la Constitución  consagra la representación proporcional, se ha producido, por vía de reglamento, un sistema que permitirá al partido o alianza que obtenga la mayor minoría llevarse el 80% de las curules, y los distritos electorales han sido estructurados para concentrar el voto chavista donde sus técnicos consideren zonas favorables, conforme los resultados de elecciones anteriores. No hay el criterio de proximidad geográfica, como ocurre en los países donde se aplica el sistema de mayoría, el llamado sistema inglés, sino la proximidad política. Todas las encuestas demuestran que la caída de Chávez en el ánimo de los ciudadanos es espectacular, al punto que sólo el 35% se considera chavista, otro tanto de oposición y el resto se distribuye entre indecisos y abstencionistas, pero ese tercio chavista, mayoría en los estados rurales y en los cinturones de miseria de las grandes ciudades, podrá ser la mayor minoría, si la oposición no logra atraer a indecisos y abstencionistas. En los estados urbanos, que concentran la mayor población, el diseño de los distritos se ha realizado concentrando las barriadas chavistas y dispersando los electores que tradicionalmente han votado por la oposición. Conforme al estudio en referencia, el voto opositor debe superar el 50% si aspira mayoría en la Asamblea, pues sólo así podrá anular el entramado adverso del nuevo mapa electoral.  En propósito de objetividad, el estudio omite lo que los analistas denominan realidad electoral.

Aquí cabe un pasaje rasante:  régimen dictatorial, donde ninguna institución escapa al dominio oficial, utilización de los fondos del estado para la campaña del gobierno, obligación impuesta a los empleados públicos de inscripción en el PSUV y portar al uniforme rojo, amedrentamiento de la población con  amenaza de ensangrentar al país si no triunfan los candidatos de Chávez, irrespeto sistemático a la libertad de expresión, numerosos periodistas enjuiciados o encarcelados, escandalosa hegemonía de los medios de comunicación, cierre de televisoras como RCTVI y en perspectiva Globovisión, cierre de emisoras de radio que dan muestras de línea crítica, autocensura impuesta a los medios escritos, criminalización de las manifestaciones públicas y el desconocimiento de los derechos humanos, como lo señala el informe de la  CIDH..  Aparte de constituir las características del régimen, es una estrategia para estimular la abstención. En ese objetivo puede ser determinante que el alcalde de la Zona Metropolitana, los de varias ciudades del interior y gobernadores de estados donde triunfó la oposición, han sido despojados de funciones y de asignaciones presupuestarias que legalmente les corresponden, creando entre amplios sectores la idea de que votar carece de sentido. Tal es el escenario que enfrenta la población democrática para derrotar a  los candidatos de Chávez. La Mesa de la Unidad trabaja para lograr un amplio frente  que incorpore indecisos y abstencionistas. Es su proyecto. Difícil pero no imposible.