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Marzo 31, 2012

El debate sobre el agua


El país ha sido escenario de un interesante debate sobre la potabilidad de las aguas que consume la población. El debate tomó un sesgo político, consecuencia lógica de la campaña electoral, pero lo interesante es que los actores enfrentados no fueron solo el gobierno y la oposición. La historia comenzó con un derrame de petróleo en el río Guarapiche, que surte el acueducto de Maturín. El presidente de PDVSA informó que se había producido una ruptura en una de las tuberías que transportan crudo desde el complejo operacional Jusepín y que el plan de contingencia puesto en marcha, permitiría en pocos días el suministro normal de agua a la capital oriental. Lo desmintió la doctora Norys Bello, profesora de la cátedra de Ingeniería Petrolera de la Universidad de Oriente. “Los daños que se produjeron son  irreversibles”, declaró. El Gato Briceño, gobernador del Estado  manifestó que se debían a negligencia de los funcionarios de Pdvsa. El presidente de la AN, quien a su vez es vicepresidente del PSUV, sostuvo que era una deslealtad la declaración del Gato Briceño, y que debía renunciar su cargo. El vicepresidente Jaua dio una rueda de prensa para anunciar que el gobernador había sido expulsado del partido y que Chávez estuvo de acuerdo. La historia de la calidad del agua incorporó al Zulia, Carabobo, Miranda y Distrito Capital, las regiones más pobladas. El gobernador del Zulia denunció  problemas de contaminación en el lago de Maracaibo, que no han sido atendidos debidamente por Pdvsa, uno de cuyos voceros lo acusó de intentar que el agua se transformara en tema de campaña.

 

A estas alturas intervino Chávez. “Se quiere desestabilizar al gobierno con supuestos problemas del agua. Insto a la Fiscalía a que intervenga”. La Fiscalía dispuso que cualquier información sobre contaminación, debe estar avalada por un informe técnico. El director del Instituto de Biología Experimental de la UCV declaró que los trasvases que operan en el centro del país pueden estar contaminando los embalses que surten a la capital. El Tribunal 25 de Control de Caracas acordó practicar las diligencias tendientes a investigar la perpetración de hechos punibles por personas que, sin soporte técnico, difundan información sobre contaminación de aguas. Capriles dijo que el problema de la contaminación no se resuelve con decisiones de los tribunales. Planteó el problema en una nueva dimensión. “Insólito que hoy cuando se celebra el día mundial del agua,  mas de 4 millones de venezolanos no la reciben, somos uno de los países con mayores reservas de agua en el mundo”. Los técnicos que me asesoran, dijo, han elaborado propuestas para la solución integral del problema de las aguas para consumo humano. “Mi compromiso es que tengamos servicios públicos de calidad y que todos los venezolanos reciban en sus hogares agua potable”. Chávez clausuró el debate desde el ángulo oficial. Declaró traidor a la patria al gobernador, delito que puede ser sancionado hasta con 30 años de presidio. Lo hizo en llamada a la televisora oficial VTV. Exagerado Chávez en la calificación del delito pero Briceño ciertamente incurrió en el de cuestionar la calidad de las aguas que consume Maturín, sin presentar el informe técnico  recomendado por la Fiscal y satisfactorio para el ministro del Ambiente. Su destino: otro preso político de la revolución bolivariana, el Gato.

 

EL CAPO DE LOS CAPOS DEL NARCOTRÁFICO

 

Walid Makled puede considerarse como el capo de los capos de la droga, por la influencia que ejerció en círculos gubernamentales de Venezuela. Lo afirmó  el diputado Julio Montoya en la AN, donde se consideraba un informe del Consejo Moral Republicano (CMR) que pedía la destitución de Eladio Aponte, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, por haber designado “comisionado” del TSJ a Makled. Montoya  presentó videos y comunicaciones “que le imponen a la Asamblea el deber de investigar”, pero esta no lo acordó y se limitó a aprobar su destitución, no obstante haberse comprobado que  cuando Aponte fue Fiscal Militar, designó a Makled su ayudante. Se consignaron documentos que evidenciaban se le había concedido el 60% de la zona de desembarque de Puerto Cabello. Makled había obtenido una concesión para comercializar urea producida por la petroquímica venezolana Pequiven, que usaba para la fabricación  de drogas y se le había permitido adquirir la Línea Aeropostal Venezolana, sostuvo Montoya. Un vocero del oficialismo le respondió: “la oposición pretende salpicar al Presidente, cuya lucha contra el narcotráfico tiene reconocimiento nacional e internacional”. Makled había sido detenido, el pasado año por las autoridades colombianas, sospechoso de dirigir una red de narcotráfico. Desde la cárcel de La Picota ofreció una declaración a la revista Semana, aseverando que funcionarios del entorno presidencial estaban asociados a sus negocios, que había aportado dos millones de dólares en el 2007 a la campaña del referendo promovido para aprobar la reelección indefinida del Presidente. “Yo daba una cuota semanal de 200 millones de bolívares, cien para el director de inteligencia militar”. Según el periodista de Semana que lo entrevistó, Makled le confesó que esas declaraciones las hacía para evitar que lo extraditaran a Venezuela, donde su vida estaría en grave peligro. La Corte Suprema de Colombia autorizó la extradición solicitada y el presidente Juan Manuel Santos, a solicitud de Chávez, lo entregó a las autoridades venezolanas.

 

Tenía razón el diputado Montoya cuando afirmó que Makled era el capo de los capos del narcotráfico. Sus conexiones políticas en Venezuela fueron muy superiores a las de Pablo Escobar en Colombia.  Ningún otro narcotraficante, en el mundo, dispuso de tantos recursos para el tráfico de drogas, y ninguno ha contado con colaboración tan eficiente como la que logró Makled en el modelo de socialismo siglo XXI. Chávez, consciente del efecto del escándalo en su campaña electoral ordenó la destitución del “padrino” de Makled, quien ejercía la presidencia de la Sala de Casación Penal. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, informada de la orden de Chávez,  lo notificó a sus colegas, sin darse por enterada que el “padrino” había incurrido en delitos tan graves que ameritaban su enjuiciamiento. Entre los magistrados se comentó que justo antes de comparecer ante la Asamblea Nacional, para presentar sus alegatos, Aponte había viajado a República Dominicana, donde dispone de “una  linda casa que nos puso a la orden”, y sonrientes comentaron que lo acompañó una juez penal que era su “amiga”. Un analista expresa que fue determinante en tan insólita situación el secuestro de los poderes públicos y sobre todo, la ética flexible de Chávez, quien tolera   todo cuanto se le ocurra a  quienes se identifiquen o colaboren  con el sistema y castiga implacablemente a quienes le sirvieron y luego se desligaron del régimen.

 

Una vez más se puso de manifiesto el carácter autocrático y autoritario del régimen y justamente por ello, resulta lógico suponer que el Presidente tenía que conocer de los vínculos que existían entre el poderoso narcotraficante y altos funcionarios de su régimen.

 

EL ASESINATO DE KAREN

 

Existen planes para atentar contra Capriles Radonski, afirmó el presidente Chávez, en contacto telefónico con un programa de VTV, y dijo haber instruido a los servicios de inteligencia para que se reunieran con el equipo de seguridad del candidato opositor y tomaran las medidas pertinentes. El asunto se transformó en un debate con repercusión nacional e internacional, por el asesinato en Maracaibo de Karen Berendique, hija del cónsul honorario de Chile. Viajaba en una camioneta, manejada por su hermano, cuando avistaron un grupo armado que los instaba a detenerse, pero no lo hizo ante la experiencia de un hecho similar, que días antes había tenido, en que unos maleantes intentaron robarle la camioneta y él, sospechando que era una falsa “alcabala móvil” aceleró el vehículo y logró escapar. El  grupo armado hizo numerosos disparos a la camioneta, produciendo la muerte de Karen. En calles y carreteras de todo el país funcionan las llamadas “alcabalas móviles”, mediante las cuales funcionarios policiales detienen vehículos, le dicen al conductor que infringe leyes de tránsito y que debe pagar en efectivo la multa. Los estudiantes, compañeros de la joven asesinada, realizaron una manifestación exigiendo la renuncia del Ministro de Interior, Tareck El Aissami. Señalaron que en los últimos 13 años han ocurrido 150.000 homicidios, 18.000 en el 2011 y que el 70% ha sido de jóvenes entre 18 y 29 años. La cancillería chilena pidió a su Embajada en Venezuela que estudie la cuestión de los diplomáticos víctimas de la violencia, dado que son 9 casos, registrados por la Embajada: en 2010 funcionarios de la embajada saudita, ese mismo año secuestro del agregado militar de Bolivia, plagio de un funcionario de la embajada mexicana, secuestro de una trabajadora del cuerpo diplomático del Reino Unido, plagio del embajador de Viet Nam, asalto de la residencia del embajador griego, secuestro del cónsul chileno y en el curso del 2012 secuestro por un grupo comando del embajador de México y su esposa.

 

 El caso más reciente fue justamente el asesinato por funcionarios policiales de Karen Berendique. La inseguridad  es el problema más grave que confronta Venezuela. El Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) que trabaja con las universidades autónomas, en su Informe 2011, afirma que Caracas es la ciudad más violenta del continente, con tasas que superan  los 150 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para entender la magnitud de la tragedia venezolana es obligante la comparación con otras ciudades latino americanas. Según el PNUD, en Bogotá, con elementos estructurales de riesgo como el narco tráfico, el sicariato y la guerrilla, la tasa es de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. La cifra venezolana, según el OVV, es consecuencia de la política tolerante y hasta permisiva hacia el delito. El gobierno de EEUU recomienda a sus ciudadanos, tomar precauciones a la hora de viajar a Venezuela, para evitar ser víctimas de homicidios y otros delitos. La prensa venezolana remite a páginas interiores la información sobre asesinatos. El de Karen apareció en la primera página de la mayoría de los diarios, como testimonio de la condolencia del  país con el cónsul chileno. Los intercionalistas llamaron la atención respecto a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que le imponen al Estado la obligación de garantizar la integridad de los funcionarios consulares y sus familiares. El incumplimiento es tanto más grave que fueron funcionarios de un organismo del gobierno central (CICIP), dependiente del Ministerio del Interior, quienes dispararon y asesinaron a Karen

 

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