Combatir el autoritarismo en un estado sin derecho

VenezuelaToday

La sociedad venezolana se enfrenta a una experiencia límite, por cuanto el gobierno revolucionario “bolivariano” de Hugo Chávez Frías ha logrado demoler las instituciones que antes controlaban al Poder Ejecutivo, tales como el Congreso, la Corte Suprema, y a la Fiscalía General de la República, y ha colocado en su lugar a una Asamblea unicameral y a un Tribunal Supremo controlados estrechamente por el chavismo duro.

Aunque Chávez convenció inicialmente a los venezolanos de que la suya era una revolución pacífica, la oposición ha ido creciendo de una manera continua, pues la gente ha comprendido que, a pesar de su máscara, la ideología del Presidente tiene sus fuentes en las teorías extremistas del Siglo XX, en su versión iberoamericana, y por eso sus métodos de gobierno tienden a hacer tabla rasa de toda nuestra cultura y son en definitiva ruinosos para el país.

Como candidato, Hugo Chávez defendió la tesis de convocar a una constituyente, con el fin de crear un nuevo marco jurídico para llevar a cabo la renovación radical de la sociedad venezolana. Durante la contienda electoral, en una reunión con un grupo muy reducido de personas, tuve la oportunidad de advertirle que un proceso constituyente, en una atmósfera revolucionaria, así fuera pretendidamente pacífico, podía terminar como el de la Asamblea francesa de 1789, es decir, con el Terror; y, aunque él se defendió, alegando que nuestra Constituyente sólo estaría integrada por especialistas que realizarían sus labores sin participar en la agitación de los asuntos políticos cotidianos, se abstuvo de responderme cuando le insistí en repetidas ocasiones que nos explicara cuál era su ideario en materia constitucional.

Comprendí después la razón de su silencio: habiendo sido golpista por vocación, casi desde su ingreso a la Escuela Militar, pasando por el golpe de estado fallido del 4 de febrero de 1992, Chávez no había podido desvincularse del drama de todo revolucionario que, al querer transformar radicalmente la sociedad, cae inevitablemente en la imitación de los viejos modelos de un pasado remoto, siempre inadecuados. Y así como Marx agudamente observaba que los revolucionarios franceses habían cumplido su papel de destructores del antiguo régimen, disfrazados de romanos, Chávez ha querido disfrazarse de Bolívar y de los patricios que, en 1810, insurgieron contra el Imperio español y, no contentos con independizar a Venezuela, invadieron otras provincias españolas de América y lograron “liberarlas” una tras otra, e incluso estuvieron a punto de atacar al Brasil imperial, aliados con los republicanos argentinos.

Naturalmente, para el revolucionario Chávez los enemigos de Bolívar han cambiado.  Ahora se trata de los “oligarcas” de todos los países de América; y sus aliados –muchos de ellos reclutados en el Foro de Sâo Paulo-, son los indios del Brasil y de la Cordillera de los Andes, así como los narcoguerrilleros colombianos.

Aunque en las elecciones que lo llevaron al poder, Chávez no ganó de una manera aplastante, después de tomar el poder, en comicios sucesivos, obtuvo una mayoría importante, independientemente de las irregularidades del Consejo Electoral y de las triquiñuelas de la empresa española Indra, quien manejó todas las elecciones realizadas hasta ahora, de manera satisfactoria para el caudillo tropical.

Sin embargo, una vez elegido, fiel a su propósito revolucionario, que nunca ha ocultado, después de asumir la presidencia, ha seguido comportándose como un jefe golpista y como un agitador popular que, proclamando la libertad de expresión y aparentando renunciar a los métodos tradicionales de los dictadores, ha intimidado a cada uno de sus adversarios y ha tratado de acallar a los medios de comunicación social, acosando a sus propietarios y también en forma directa a muchos comunicadores sociales.

Una de las mayores perversiones del chavismo, que tiene confundida a la comunidad internacional, incluyendo a la OEA, al Departamento de Estado y a los gobiernos europeos, es la desnaturalización de la ley fundamental, es decir, de la constitución, eliminando de paso todo el estado de derecho.

En efecto, la doctrina adoptada por el Tribunal Supremo de manera oficial es que la interpretación de las normas constitucionales debe hacerse de conformidad con las necesidades cambiantes e imprevisibles del “proceso revolucionario”, poniendo término así, sin disparar un tiro, y sin incurrir en sanciones internacionales, al principio básico de la democracia, según el cual los gobernantes están sometidos a las leyes.

Esa doctrina ha tenido muchas aplicaciones nefastas, que la comunidad internacional ignora.  Cito, a título de ejemplo, la sentencia por medio de la cual el Tribunal Supremo decide que, si bien los tratados internacionales, de acuerdo con la Constitución vigente, privan sobre las leyes locales, nunca una sentencia emanada de un órgano jurisdiccional extranjero puede contrariar lo dispuesto por el propio Tribunal Supremo, violando así los mismos tratados que dice respetar.

La referida decisión a su vez está en sintonía con el desconocimiento de las elecciones de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), que permitieron relegitimar a su actual junta directiva. En consecuencia, nuestro gobierno se niega a negociar los contratos colectivos y los reclamos que les presenta nuestra confederación obrera más importante, en un momento de gran agitación económica, política y social, contrariando varios tratados internacionales suscritos por Venezuela desde hace más de 60 años, así como muchas otras resoluciones de la O.I.T., y pretendiendo de esa manera que los sindicatos y las federaciones y confederaciones sindicales no pueden realizar libremente sus elecciones, sino que deben recurrir al Consejo Nacional Electoral, controlado estrechamente por nuestro gran caudillo.

Finalmente, me permito citar un último ejemplo: por razones más que justificadas se han introducido más de 14 demandas judiciales contra Hugo Chávez Frías, alegando varias de sus frecuentes violaciones de la Constitución y de las leyes.  Sin embargo, el Fiscal General de la República –un hombre al servicio de Chávez -, ha impedido que esas demandas pasen a ser conocidas por el Tribunal Supremo.  De esta manera, es imposible obtener ninguna sentencia condenatoria de nuestro presidente, frustrando así uno de los más elementales derechos humanos, a saber, el de hacer valer en justicia sus derechos y garantías constitucionales.

La razón de todas esas sinrazones es elemental: el chavismo nunca quiso tener una constitución.  Esta ha sido apenas el instrumento para destruir la llamada IV República y no pasa de ser una constitución de papel. Chávez quiere convertir todas las “instituciones” en instrumentos de su política revolucionaria. Por ese motivo, es un absurdo que la comunidad internacional pretenda que en Venezuela sólo puede combatirse al gobierno de Chávez de una manera institucional.  Si, de acuerdo con su ideología, - mitad fascista, mitad comunista -, nuestro caudillo destruyó todas las instituciones ¿Cómo aplicar los recursos consagrados teóricamente en la constitución y en las leyes? ¿Hubiera sido posible salir de Hitler o de Mussolini por un medio institucional?  Evidentemente, no. El método que utilizaron Franklin D. Roosevelt y Winston Churchill puede estudiarse en la historia de la segunda guerra mundial.

No pretendo que los venezolanos debamos alzarnos en armas contra el actual gobierno, pero me parece que la comunidad internacional debe comprender que estamos en estado de necesidad  desde el punto de vista ético y político, y que si bien tenemos reductos de libertad, se trata de una libertad amenazada, pues la violencia verbal ya se ha convertido en violencia física.  La reciente masacre de civiles pacíficos y entusiastas, cuando terminaban la manifestación pública más grande de nuestra historia, así lo demuestra. Sin embargo, varios prestigiosos órganos de prensa internacional quieren comprender lo ocurrido como un golpe de estado frustrado, pues así eluden la tragedia, evitando conocer el fondo de una verdad incómoda, como hábiles abogados que opusieran a una apremiante petición de alimentos varias excepciones formales...